El Concejo rechazó el veto de Capra y la disputa por los salarios podría terminar en la Justicia
Los concejales rechazaron el veto del intendente Ramón Capra e insistieron con una ordenanza que suspendía los aumentos salariales para funcionarios jerárquicos. El conflicto por las atribuciones de cada poder podría resolverse en la Justicia bonaerense.
El Honorable Concejo Deliberante de General Alvear fue escenario de una disputa entre el intendente Ramón José Capra y las fuerzas que integran el cuerpo legislativo, que tuvo en el centro los aumentos salariales dentro del municipio. Tras el rechazo del veto impulsado por el Ejecutivo, la situación podría escalar a una instancia judicial.
La situación remite a la aprobación de la Ordenanza N° 2685/2026, que establecía la suspensión de los aumentos salariales para el personal jerárquico del municipio, incluyendo al intendente, secretarios de gobierno, directores generales, contador, tesorero y otros funcionarios. A su vez, la iniciativa planteaba limitar determinadas bonificaciones con el objetivo de redirigir esos recursos hacia los trabajadores municipales de menores ingresos.
La propuesta no fue bien recibida por la gestión local, que consideró que el Concejo se atribuyó facultades que no le corresponden. Según sostuvo el Ejecutivo, la definición de los aumentos salariales y la administración de los recursos municipales son competencias exclusivas del Departamento Ejecutivo, tal como establece la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Por ese motivo, Capra vetó la ordenanza mediante el Decreto N° 314/2026. En los fundamentos de la medida, el Gobierno local señaló que el Concejo Deliberante carece de atribuciones para modificar partidas vinculadas al personal una vez aprobado el presupuesto y sostuvo que cualquier modificación de ese tipo debe surgir del propio Ejecutivo.
Los argumentos oficiales se apoyaron en fallos de la Suprema Corte bonaerense, además de disposiciones de la Ley Orgánica Municipal, el Convenio Colectivo de Trabajo y el Reglamento de Contabilidad para las municipalidades bonaerenses.
Asimismo, el Ejecutivo advirtió sobre posibles consecuencias técnicas derivadas de la aplicación de la ordenanza. Según planteó, el congelamiento previsto sobre la categoría 4 ingresante de 35 horas semanales podría impactar en becas deportivas, derechos previsionales y bonificaciones vinculadas al área de salud, generando efectos sobre sectores que no forman parte de la planta política.
Desde la comuna también remarcaron que las actualizaciones salariales se discuten en el ámbito paritario junto al Sindicato de Trabajadores Municipales de General Alvear, al que reconocieron como el espacio legítimo para la negociación de haberes.
Sin embargo, los argumentos del Ejecutivo no convencieron al cuerpo legislativo. Este lunes, el Concejo Deliberante rechazó el veto del intendente e insistió con la ordenanza aprobada semanas atrás, profundizando así el conflicto institucional entre ambos poderes.
Ahora, todo indica que la disputa podría trasladarse a la Justicia bonaerense, donde deberá resolverse si el Concejo actuó dentro de sus atribuciones o si, como sostiene el Ejecutivo, avanzó sobre competencias exclusivas del intendente.
La disputa entre la oposición local y el intendente suele girar en torno a los aumentos salariales otorgados a la planta política. En 2024, Capra quedó en el centro de la polémica luego de que se aprobara una suba de su sueldo superior al millón de pesos. Con ese incremento, pasó de percibir 2.888.171 pesos a 4.204.158 pesos mensuales.
