El Banco Nación otorgó más de 1.100 créditos a dirigentes y allegados al Estado
Entre enero de 2024 y marzo de 2026, uno de cada 23 préstamos hipotecarios del Banco Nación fue otorgado a Personas Expuestas Políticamente.
El escándalo por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y dirigentes vinculados al oficialismo sumó un dato que amplía la dimensión de la polémica. Entre enero de 2024 y marzo de 2026, la entidad concedió 1.120 préstamos a Personas Expuestas Políticamente (PEP), sobre un total de 25.391 créditos hipotecarios otorgados durante ese período.
La información surge de un pedido de acceso a la información pública y permite poner en contexto una discusión que hasta ahora había estado centrada en casos puntuales de funcionarios, asesores y familiares de dirigentes de La Libertad Avanza que accedieron a financiamientos millonarios para la compra de viviendas.
En términos porcentuales, los créditos otorgados a Personas Expuestas Políticamente representan alrededor del 4,4% del total de operaciones realizadas por el Banco Nación. Dicho de otra manera, uno de cada 23 préstamos hipotecarios fue destinado a personas alcanzadas por una categoría especial de control definida por la Unidad de Información Financiera (UIF).
La clasificación de Personas Expuestas Políticamente incluye a funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de exfuncionarios y familiares directos de quienes ocupan determinados cargos públicos. Sin embargo, la propia normativa deja fuera a algunos puestos relevantes dentro de la estructura estatal, por lo que el número informado podría no reflejar la totalidad de los beneficiarios vinculados al poder político.
La controversia comenzó a crecer luego de que se conocieran los casos de funcionarios de primera línea que accedieron a préstamos por cifras millonarias. Entre ellos aparecen Pedro Inchauspe, integrante del directorio del Banco Central, con un crédito de 510 millones de pesos; el asesor del Ministerio de Economía y director del BICE, Felipe Núñez, con 373 millones; el secretario de FInanzas, Federico Furiase, con 367 millones; y el exjefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano, Leandro Massaccesi, con un préstamo de 420 millones de pesos.
A esos nombres se sumaron los de Sharif y Nazarena Menem. El primero, sobrino de Martín Menem y uno de los hombres de confianza del presidente de la Cámara de Diputados, accedió a un crédito por 357 millones de pesos. Su hermana Nazarena obtuvo otro financiamiento por más de 236 millones. Entre ambos concentraron préstamos cercanos a los 600 millones de pesos, convirtiéndose en uno de los casos más resonantes de la investigación.
Cuando la casta es propia
Desde el Gobierno rechazaron las acusaciones y sostuvieron que los créditos fueron otorgados bajo las mismas condiciones que cualquier otro cliente de la entidad. El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que menos del 0,2% de los préstamos correspondió a personas vinculadas al Gobierno, mientras que algunos de los funcionarios involucrados defendieron públicamente la legalidad de las operaciones y negaron haber recibido beneficios especiales.
Sin embargo, la discusión política excede la legalidad de los préstamos, una cuestión que deberá resolver la Justicia. El punto central de las críticas pasa por la contradicción entre el discurso que llevó a La Libertad Avanza al poder y la utilización de herramientas estatales por parte de integrantes de su propio espacio político.
El gobierno Milei construyó buena parte de su identidad política sobre la denuncia permanente contra la denominada “casta”, la crítica a los privilegios asociados al Estado y la promesa de reducir al mínimo la intervención estatal en la vida económica. Incluso el propio Presidente se definió en reiteradas ocasiones como un “topo” que ingresaba al Estado para destruirlo desde adentro y convirtió en una de sus principales banderas la eliminación del Banco Central.
Sin embargo, los datos conocidos en los últimos meses muestran que numerosos funcionarios, asesores y familiares de dirigentes oficialistas recurrieron precisamente a una de las principales herramientas de financiamiento de la banca pública para acceder a viviendas mediante créditos de cientos de millones de pesos. En varios de los casos que quedaron bajo la lupa, además, se trata de personas jóvenes cuya capacidad crediticia se construyó a partir de cargos obtenidos dentro del propio Estado.
La polémica también alimenta interrogantes sobre las posibilidades reales de acceso que tienen los ciudadanos comunes frente a quienes cuentan con posiciones de poder o vínculos directos con funcionarios de primera línea. Aunque el Banco Nación insiste en que todas las operaciones cumplieron con los requisitos establecidos, las dudas sobre los criterios de evaluación y las condiciones de otorgamiento continúan abiertas.
