Del “me corto un brazo” al ajuste sobre trabajadores: el FMI pide mas impuesto a las ganancias
El organismo multilateral elaboró una serie de recomendaciones para la Argentina para cargar una mayor presión tributaria sobre los asalariados, profesionales y pequeños comerciantes
La reciente publicación de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional para una futura reforma tributaria en Argentina dejó algo más que una discusión técnica sobre impuestos. Expuso, con crudeza, la orientación política y social del modelo económico impulsado por el gobierno de Javier Milei: un esquema donde el costo del ajuste vuelve a recaer sobre trabajadores asalariados, profesionales independientes, pequeños contribuyentes y sectores medios, mientras se preservan o alivian cargas sobre los sectores más concentrados de la economía.
El dato político más incómodo para el oficialismo es que muchas de las medidas sugeridas por el FMI no aparecen como una anomalía externa ni como una imposición sorpresiva, sino como la profundización lógica de decisiones ya adoptadas por la administración libertaria desde sus primeros días de gestión.
Durante la campaña presidencial, Milei construyó buena parte de su legitimidad discursiva alrededor de la promesa taxativa de “antes de subir un impuesto me corto un brazo”. La frase fue repetida en entrevistas, actos y debates como símbolo de una supuesta ruptura con la presión fiscal histórica del Estado argentino. Sin embargo, apenas asumido el gobierno, una de las primeras medidas económicas relevantes fue precisamente restituir el Impuesto a las Ganancias para cientos de miles de trabajadores.
La contradicción no es menor. Porque el actual debate impulsado por el FMI no gira en torno a reducir la presión tributaria sobre la sociedad, sino a redefinir quién paga el ajuste.
Según el organismo internacional, Argentina recauda poco en relación con los niveles de informalidad y evasión existentes, y el problema central sería que muy pocos asalariados tributan Ganancias. La propuesta es ampliar significativamente la base de contribuyentes hasta acercarla a niveles de años anteriores, cuando alrededor del 20% de los trabajadores formales quedaban alcanzados por el impuesto.
La lógica detrás de esa recomendación resulta reveladora: para el FMI, el problema fiscal argentino no reside prioritariamente en los mecanismos de fuga de capitales, en los beneficios corporativos o en la concentración económica, sino en que demasiados trabajadores dejaron de pagar impuestos directos sobre sus ingresos.
Algo similar ocurre con el monotributo. El Fondo cuestiona que exista una brecha demasiado amplia entre la carga tributaria del régimen simplificado y la del régimen general. Traducido al lenguaje cotidiano: considera que pequeños comerciantes, profesionales independientes, emprendedores y trabajadores autónomos pagan poco.
El argumento técnico habla de “alinear incentivos” y reducir distorsiones. Pero el efecto concreto sería aumentar la presión sobre sectores que, en muchos casos, ya vienen absorbiendo la caída del consumo, el aumento de costos y el deterioro del poder adquisitivo generado por la propia política económica del gobierno.
La paradoja es evidente. Mientras se discute aumentar Ganancias y endurecer el régimen para monotributistas, el mismo paquete de recomendaciones propone reducir gradualmente retenciones y eliminar impuestos considerados “distorsivos”, como el impuesto al cheque. Es decir avanzar con un alivio para sectores exportadores y financieros, mientras se establece una mayor presión sobre ingresos laborales y actividades pequeñas o medianas.
Lejos de tratarse de una discusión meramente técnica, el diseño tributario expresa prioridades políticas concretas. Y en este caso, la orientación resulta difícil de ocultar.
El gobierno nacional sostiene que el ajuste es inevitable para estabilizar la economía y alcanzar el equilibrio fiscal. Sin embargo, la pregunta central no es solamente si se ajusta, sino sobre quiénes recae el peso principal de ese ajuste.
Hasta el momento, la respuesta parece clara. Los salarios reales continúan por debajo de los niveles previos a la asunción de Milei; el consumo interno muestra señales persistentes de retracción; las universidades públicas y organismos científicos enfrentan recortes; y ahora el FMI propone avanzar sobre trabajadores registrados y pequeños contribuyentes para aumentar la recaudación.
El propio organismo calcula que el conjunto de reformas sugeridas podría aportar hasta un 3,3% extra del PBI en ingresos fiscales. La cifra permite comprender la magnitud de lo que está en juego. No se trata de correcciones marginales, sino de una reconfiguración profunda del sistema tributario argentino.
En términos políticos, el proceso también revela la creciente convergencia entre el discurso libertario y las históricas recetas de ajuste estructural promovidas por el FMI en América Latina. Pese a haber construido su identidad pública alrededor de la idea de “terminar con la casta” y reducir el peso del Estado sobre la ciudadanía, el gobierno parece avanzar hacia un esquema clásico de consolidación fiscal basado en transferencia regresiva de cargas tributarias.
La experiencia argentina ofrece numerosos antecedentes sobre las consecuencias sociales de este tipo de programas. Cuando el equilibrio fiscal se sostiene principalmente mediante deterioro salarial, caída del consumo y aumento de la presión sobre sectores medios y trabajadores formales, el resultado suele ser un incremento de la desigualdad y una mayor fragmentación social.
En ese contexto, la discusión tributaria deja de ser un asunto exclusivamente contable para transformarse en un debate profundamente político: quién financia al Estado, quién absorbe el costo del ajuste y qué sectores resultan finalmente protegidos.
La distancia entre el discurso antiimpuestos de campaña y las políticas efectivamente implementadas ya no parece una contradicción circunstancial. Empieza a consolidarse como una característica estructural del actual modelo económico.
