¿Cuál es el costo fiscal del RIGI?
Un estudio analizó el impacto económico del régimen y encendió el debate sobre el alcance de los beneficios otorgados a las grandes empresas.
Mientras el Gobierno nacional presenta al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como la llave para destrabar inversiones estratégicas, un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) puso el foco sobre el lado B de una de las primeras grandes victorias legislativas de la gestión libertaria: el impacto de los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios con los que son beneficiadas aquellas firmas que ingresaron al esquema.
En ese sentido, el trabajo advierte que el Estado resignará recursos millonarios a través de rebajas impositivas, exenciones de retenciones, facilidades para importar maquinaria y ventajas cambiarias para los proyectos aprobados bajo la Ley Bases. En paralelo, la administración de Javier Milei avanzó de lleno contra las jubilaciones, los salarios públicos, el poder adquisitivo en general y la obra pública con el argumento de sostener el equilibrio fiscal.
Sin embargo, el documento advirtió que el costo fiscal anual del esquema alcanzará los 1.069 millones de dólares en un escenario base entre 2030 y 2033. El principal componente de esa renuncia recaudatoria es la reducción del Impuesto a las Ganancias para las empresas alcanzadas, cuya alícuota baja del 35 al 25 por ciento. Según el relevamiento, hasta mayo de 2026 fueron aprobados doce proyectos bajo el RIGI, con inversiones comprometidas por 26.680 millones de dólares y exportaciones estimadas por más de 28.141 millones de dólares anuales una vez que entren en régimen pleno.
Además, el estudio incluye dentro del costo fiscal las exenciones de derechos de exportación, los beneficios sobre importaciones, las facilidades para cancelar IVA y las ventajas sobre el impuesto a los débitos y créditos bancarios.
En otro orden, el documento también pone el foco sobre el peso de YPF dentro del RIGI, ya que de acuerdo a lo afirmado por el CEPA, la petrolera estatal aparece involucrada en proyectos que concentran casi el 70 por ciento del total de las inversiones aprobadas hasta ahora, especialmente en iniciativas ligadas a Vaca Muerta y la exportación de gas natural licuado.
Otro de los aspectos señalados por el informe es que buena parte de los proyectos ya estaban en carpeta antes de la sanción del RIGI. Es decir, la aprobación de la iniciativa libertaria no sedujo a nuevos inversores, sino que se trata de empresarios que ya tenían en vista avanzar en nuestro país, como empresas del sector minero, energético y de infraestructura que habían anunciado inversiones o habían avanzado con estudios previos a la aprobación del régimen.
Al respecto, desde el CEPA sostienen que el régimen no necesariamente está generando inversiones nuevas, sino ampliando beneficios extraordinarios para proyectos que probablemente se hubieran desarrollado igual.
#CódigoBAIRES | El mandatario bonaerense aseguró que el esquema impulsado por Nación favorece a grandes sectores económicos sin garantizar inversiones.
— Radio La Plata 90.9 (@radiolaplata909) May 11, 2026
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Finalmente, el trabajo también advierte sobre el impacto potencial del denominado “SuperRIGI”, una iniciativa impulsada por el oficialismo que buscaría reducir aún más la alícuota del Impuesto a las Ganancias, llevándola del 25 al 15 por ciento. Según el informe, esa modificación profundizaría todavía más el costo fiscal del esquema.
