El Gobierno pone en marcha la privatización de AySA y reaparecen las críticas por el fracaso de los ‘90
El Ejecutivo oficializó la venta del 90% de AySA y volvió a abrir el debate por las consecuencias de la privatización de los años noventa.
El Gobierno nacional avanzó formalmente con el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) al autorizar el llamado a licitación pública nacional e internacional para vender el 90% de las acciones que hoy están en manos del Estado. La medida fue oficializada a través de la Resolución 704/2026 del Ministerio de Economía y marca un nuevo paso de la gestión de Javier Milei en su plan de desprenderse de empresas públicas.
El anuncio había sido anticipado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien defendió la decisión bajo el argumento de incorporar “un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa” que permita mejorar inversiones y ampliar la red de agua y saneamiento.
La privatización se realizará mediante una licitación de etapa múltiple y contempla la transferencia del control de la compañía a capitales privados, mientras que el 10% restante continuará en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada. El esquema oficial prevé una primera etapa con la venta de al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico y luego una oferta pública para colocar el remanente en la Bolsa.
IMPORTANTE!?
— totocaputo (@LuisCaputoAR) May 14, 2026
Mañana se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos de la licitación de AySA para avanzar con la venta del 90% de las acciones de la empresa que hoy están en manos del Estado Nacional.
La incorporación de un operador estratégico con capacidad técnica,…
El nuevo contrato de concesión, aprobado semanas atrás, establece una prestación del servicio por 30 años con posibilidad de prórroga por una década más. Además, fija revisiones tarifarias periódicas y obliga al futuro concesionario a sostener el equilibrio económico-financiero sin asistencia estatal. Las empresas interesadas tendrán tiempo hasta el 27 de agosto para presentar sus ofertas a través de la plataforma CONTRAT.AR, mientras que las consultas sobre los pliegos podrán realizarse hasta el 12 de agosto.
Actualmente, AySA presta servicios de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios bonaerenses, alcanzando a más de 15 millones de personas. Entre los grupos empresarios señalados como potenciales interesados aparecen Edison Energía, vinculada a la familia Neuss junto a accionistas de Havanna y Newsan, además del empresario Mauricio Filiberti, el Grupo Roggio y las firmas brasileñas Sabesp y Río+Saneamiento.
El antecedente de los ‘90
La decisión reavivó cuestionamientos por el antecedente de la privatización de los años noventa, cuando el servicio quedó bajo control de Aguas Argentinas, controlada por la francesa Suez. Aquella experiencia terminó en 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, tras denuncias por incumplimientos contractuales, falta de inversiones y problemas vinculados a la calidad del agua. Informes oficiales de la época advirtieron sobre niveles elevados de nitratos y arsénico en algunas zonas del conurbano bonaerense, además de obras esenciales paralizadas.
Distintos estudios también señalaron que durante la gestión privada las tarifas crecieron muy por encima de la inflación y que gran parte de las inversiones comprometidas nunca se concretaron. Según datos citados por organismos académicos, entre 1993 y 2002 las tarifas residenciales aumentaron 88,2%, mientras que la inflación acumulada fue de apenas 7,3%. Tras la reestatización, en cambio, la cobertura de agua potable pasó del 76% al 85% y el acceso a cloacas se expandió del 57% al 72%, impulsado por obras de infraestructura financiadas por el Estado.
En paralelo, sectores opositores y especialistas advierten que la privatización podría derivar en nuevas subas tarifarias y en una lógica de rentabilidad sobre un servicio considerado esencial. El debate también quedó instalado en el Senado, donde se impulsó un proyecto para declarar a AySA “de interés público y estratégico”. Mientras el Gobierno apuesta a recaudar cerca de 500 millones de dólares con la operación y avanzar en su programa de privatizaciones, vuelve a abrirse la discusión sobre el rol del Estado en la gestión del agua y el saneamiento, un servicio clave para millones de argentinos.
