Secuestran más de 14 toneladas de alimentos vencidos en Cardales, Pacheco y CABA
Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina interceptaron el cargamento que estaba listo para ser comercializado.
La Policía Federal Argentina realizó una serie de allanamientos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires, donde logró secuestrar más de 14 toneladas de alimentos vencidos y en mal estado que estaban listos para ser comercializados.
El operativo fue llevado adelante por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones, a través de la División Delitos contra la Salud Pública, en el marco de una causa por presunta adulteración y comercialización de sustancias alimenticias perjudiciales para la salud.
La investigación se inició en abril de este año tras una denuncia anónima que alertaba sobre la venta de alimentos y bebidas vencidas en una distribuidora de la localidad de Los Cardales. En aquel primer procedimiento, los agentes detuvieron al responsable del comercio y secuestraron una importante cantidad de mercadería adulterada que era ofrecida al público como apta para el consumo.
A partir de las pruebas obtenidas en ese allanamiento, los investigadores profundizaron las tareas de inteligencia y lograron identificar otros inmuebles vinculados a la maniobra. Según se informó, cuatro domicilios ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dos en la localidad bonaerense de General Pacheco funcionaban como centros de acopio y distribución de alimentos vencidos.
Con intervención del Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, se ordenaron nuevos allanamientos que contaron además con la colaboración de personal del SENASA.
Durante los procedimientos fue detenido el principal sospechoso, un hombre argentino mayor de edad señalado como responsable de las actividades ilícitas. Además, los agentes secuestraron 14,56 toneladas de productos vencidos, entre ellos carnes, embutidos y lácteos.
También fueron incautadas notebooks, teléfonos celulares, una tablet, una computadora y documentación considerada de interés para la causa.
La investigación quedó caratulada como “Envenenamiento o adulteración de aguas, medicamentos o alimentos”, un delito previsto en el Código Penal argentino por poner en riesgo la salud pública.
