La AMP volvió a tomar de rehénes a los pacientes en su pelea con IOMA
La entidad gremial nunca logró recomponer su relación con la obra social tras las denuncias por estafas del 2020
La amenaza de la Agremiación Médica Platense (AMP) de cortar prestaciones a miles de afiliados del IOMA volvió a poner en evidencia una lógica cada vez más cuestionada: utilizar la atención médica como herramienta de presión financiera mientras persisten interrogantes sobre la transparencia de su propia operatoria y el manejo de fondos millonarios.
En medio de una crisis sanitaria y económica, la discusión ya no pasa sólo por cuánto o cuándo paga la obra social, sino por el rol que una entidad médica decide asumir frente a pacientes que quedan, sistemáticamente, atrapados en el conflicto.
La tensión escaló esta semana cuando la AMP denunció una deuda superior a los $1.190 millones correspondiente a prestaciones de enero, febrero y marzo de 2026, además de diferencias arancelarias y gastos administrativos. La entidad amenazó con cortar la atención por 48 horas si no se regularizaban los pagos, mientras que desde la obra social de los estatales bonaerenses ya habían reconocido el atraso y adelantado que antes del final de esta semana el problema estaría solucionado.
En rigor de verdad, apenas horas después del ultimátum, la propia Agremiación informó la rehabilitación del servicio tras recibir un “pago parcial significativo”, reconociendo además que el saldo pendiente rondaba los $74 millones. El dato dejó abierta una pregunta inevitable: si el conflicto podía encauzarse con una diferencia relativamente menor respecto del monto inicialmente reclamado, ¿era necesario amenazar nuevamente con interrumpir la atención de miles de afiliados?
Desde IOMA, el presidente Homero Giles respondió con dureza. Sostuvo que el Instituto “no adeuda nada” fuera de los cronogramas conversados y atribuyó las demoras al contexto de crisis financiera provincial, profundizada por los recortes presupuestarios del gobierno nacional. Además, recordó que la obra social había informado previamente las fechas de pago y advirtió sobre posibles sanciones ante cortes de servicio.
Pero el trasfondo del enfrentamiento excede claramente la discusión coyuntural por los plazos de pago. La relación entre IOMA y la AMP quedó severamente dañada desde 2020, cuando la obra social denunció penalmente a al menos 12 médicos platenses por presuntas prestaciones cobradas y no realizadas. Las auditorías hablaban de facturación apócrifa, uso indebido de datos de afiliados y maniobras que, en valores de aquel momento, rondaban los $8 millones mensuales. Actualizados por inflación acumulada entre 2020 y 2026, esos montos equivaldrían hoy a varios cientos de millones de pesos.
Aquellas denuncias no sólo impactaron sobre profesionales particulares: también pusieron bajo sospecha los mecanismos de control de la propia AMP, a la que IOMA señaló por supuestas fallas de auditoría y validación. Desde entonces, el vínculo entre ambas instituciones nunca volvió a recomponerse plenamente.
En ese contexto, otro punto que periódicamente reaparece es la resistencia de la Agremiación a avanzar hacia sistemas de tokenización y validación digital integral de prestaciones, mecanismos que permitirían verificar en tiempo real la trazabilidad de cada práctica médica realizada. Para sectores cercanos a IOMA, esa negativa conspira contra la transparencia del sistema y dificulta reducir márgenes de discrecionalidad administrativa.
La discusión financiera también abre otra hipótesis incómoda: el manejo de los tiempos de pago. En mercados de alta inflación y tasas elevadas, administrar durante algunos días sumas cercanas o superiores a los $1.000 millones puede generar rendimientos financieros significativos. Sin pruebas concretas de irregularidad, distintas voces dentro del sistema sanitario bonaerense se preguntan si parte de la tensión recurrente no responde también a la posibilidad de “bicicletear” fondos durante lapsos breves antes de liquidar honorarios.
Mientras tanto, el problema estructural sigue siendo otro: la fragilidad del sistema de atención para los afiliados. Cada amenaza de corte instala incertidumbre sobre turnos, tratamientos, estudios y cirugías. Y aunque tanto IOMA como la AMP argumentan defender el funcionamiento del sistema, la dinámica repetida de intimaciones, paros y comunicados termina erosionando la confianza de quienes dependen de la obra social para acceder a la salud.
Porque detrás de cada disputa administrativa hay pacientes. Y cuando la principal herramienta de presión vuelve a ser restringir prestaciones, resulta difícil sostener que el afiliado ocupa verdaderamente el centro de la escena.
