¿ANDIS y otro escándalo de corrupción en puerta?
Se detectaron además “desvíos críticos y sobreprecios” en compras realizadas por la ANDIS durante 2025.
La salida de Diego Spagnuolo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) no calmó las aguas en la dependencia disuelta luego del escándalo de corrupción que involucra a Karina Milei por el presunto cobro de retornos del 3 por ciento a laboratorios, y se suma una nueva arista de investigación.
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En ese sentido, se detectaron además “desvíos críticos y sobreprecios” en compras realizadas por la ANDIS durante 2025, en el marco de una investigación judicial por irregularidades en contrataciones de insumos médicos y ortopédicos.
Según publicó el diario La Nación, tras una investigación realizada por los periodistas Federico González del Solar e Ignacio Grimaldi, un documento interno del Ministerio de Salud analizó pagos efectuados para adquirir sillas de ruedas, andadores, prótesis y otros elementos médicos, detectando diferencias entre los valores facturados y los precios de referencia que oscilan entre el 300 y el 1.000 por ciento. En algunos casos, la brecha superaría el 2.000 por ciento.
“El análisis de la documentación respaldatoria revela desvíos de precios injustificables y una red de conexiones societarias y familiares entre los proveedores que distorsionan los principios de libre competencia y razonabilidad del gasto público”, sostiene el informe oficial.
Entre los casos señalados aparece la compra de un andador que habría registrado una diferencia del 4.239 por ciento entre el monto pagado por el Estado y el valor de referencia para un producto de similares características. También se detectaron presuntos sobreprecios en sillas de ruedas y otros dispositivos médicos.
El relevamiento oficial señala, por ejemplo, que el 8 de julio de 2025 una contratista de ANDIS recibió un pago de 425 millones de pesos por un sistema de válvulas bicaval transcatéter. Sin embargo, el PAMI había abonado en marzo de ese mismo año 124,2 millones de pesos por el mismo producto. La diferencia alcanzaría el 242 por ciento.
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De acuerdo a lo publicado por González del Solar y Grimaldi en La Nación, el documento fue firmado el 10 de abril por la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud y es considerado por el Gobierno como un “informe de hallazgos preliminares”. Fuentes oficiales señalaron que las inconsistencias detectadas fueron documentadas y remitidas a la Justicia.
La causa investiga un presunto fraude millonario dentro de la ANDIS y tiene entre los procesados a Diego Spagnuolo, quien fue titular del organismo durante parte del período analizado. Su abogado, Mauricio D’Alessandro, sostuvo que el informe no le atribuye participación directa ni conocimiento de las maniobras investigadas.
El documento analizó 37 facturas emitidas por seis proveedores del Estado: Farma Salud, Artrobone, Bymax Medical, Cirugía y Ortopedia Imnova, Expo Trauma y Ortopedia Bernat. En conjunto, las firmas recibieron pagos por más de 18.100 millones de pesos.
Farma Salud fue la empresa que concentró la mayor cantidad de fondos, con 7.900 millones de pesos. Uno de sus socios mayoritarios, Osmar Mariano Caballi, fue citado a declaración indagatoria. Caballi había ocupado previamente un cargo directivo en la ANDIS durante el gobierno de Alberto Fernández.
La investigación también pone el foco sobre Bymax Medical, cuyo gerente es Patricio Oscar Acosta, pareja de la exfuncionaria Lorena Di Giorno, ya procesada en la causa. Según consignó La Nación, la empresa aparece vinculada a Miguel Ángel Calvete, señalado como uno de los lobistas investigados en el expediente.
El informe oficial también cuestiona numerosas compras de sillas de ruedas. En uno de los casos, una factura emitida por Artrobone por 19 millones de pesos para un paciente de Córdoba contrasta con un valor de referencia nacional estimado en 1.279.999 pesos.
La causa judicial también analiza el funcionamiento del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (Siipfis), utilizado para agilizar contrataciones. La hipótesis fiscal sostiene que el mecanismo habría sido manipulado para direccionar compulsas de precios entre un grupo reducido de empresas vinculadas entre sí.
El fiscal federal Franco Picardi sostuvo en uno de sus dictámenes que el sistema, “lejos de constituir una garantía de transparencia”, terminó funcionando como una herramienta para beneficiar de manera coordinada a determinados proveedores.
En total, 49 personas fueron llamadas a indagatoria en el marco de la investigación, que además incluye peritajes sobre audios y mensajes incorporados al expediente judicial.
