La Justicia reactivó la reforma laboral
El fuero Contencioso Administrativo Federal dejó sin efecto la medida cautelar que frenaba 81 artículos de la ley impulsada por el Ejecutivo.
La disputa por la reforma laboral continúa en la justicia. La jueza Macarena Marra Giménez, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12, revocó la suspensión que pesaba sobre la ley. Con esta medida, los 81 artículos cuestionados recuperan su plena vigencia.
El fallo se basó en la falta de competencia del fuero laboral para intervenir en el caso. La magistrada recordó que la Cámara Contencioso Administrativo Federal ya había establecido que el expediente debía tramitar en ese ámbito y no bajo la jurisdicción del juez Raúl Ojeda, quien había dictado la cautelar original.
Marra Giménez calificó como un "claro abuso del instituto cautelar" el intento de suspender tal cantidad de artículos en una instancia preliminar. En su resolución, subrayó que las leyes poseen presunción de legitimidad y que no se acreditó un peligro en la demora que justificara mantener frenada la aplicación de los cambios en contratos, indemnizaciones y actividad sindical.
“En la especie, la lesión de los derechos o garantías invocada en la demanda no surge de forma clara e inequívoca atendiendo principalmente a la cantidad de cuestiones y matices que abarca el cuestionamiento, en tanto se refiere a las nuevas disposiciones normativas que regirán los contratos de trabajo individuales, así como también las cuestiones de negociaciones colectivas, asuntos sindicales y regímenes especiales del sector”, escribió la jueza.
“El planteo requiere un examen profundo sobre los derechos involucrados, que no puede ser merituado a título cautelar sin riesgo de adelantar opinión sobre el contenido del pronunciamiento definitivo”, añadió Giménez.
La respuesta de la CGT fue la recusación de los jueces de la Cámara del Trabajo que intervinieron en el expediente. Además, la central obrera presentó un pedido de nulidad contra la resolución que rehabilitó la reforma.
El conflicto regresa a la instancia judicial, mientras la discusión de fondo sobre la constitucionalidad de la norma aprobada por el Congreso sigue pendiente de resolución.
