Los descartables de Milei: un hogar de Areco al borde del cierre por una deuda millonaria de Incluir Salud
El Hogar San Camilo denunció que Nación le debe $450 millones y advirtió que no puede sostener salarios ni prestaciones.
El Hogar San Camilo, ubicado en la localidad de Vagues, San Antonio de Areco, atraviesa una gravísima situación que compromete su continuidad y el bienestar de las personas que allí encuentra contención. La institución, donde viven más de 60 personas con discapacidades severas y trabajan cerca de 90 profesionales, denunció una deuda de $450 millones del programa Incluir Salud, dependiente del Ministerio de Salud - y previo al escándalo del 3% de la extinta Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) -. Como no puede sostener sus obligaciones, está a punto de cerrar sus puertas.
Tras haber enviado una carta al presidente Javier Milei y visitado importantes medios nacionales, el sacerdote a cargo del hogar, Francisco Berola, sigue sin encontrar respuestas. Ante el silencio libertario, este miércoles difundió un mensaje en el que intentó llevar tranquilidad a familias, trabajadores y donantes, pero volvió a reclamar la regularización de los pagos.
“Quisiera llevar tranquilidad a algunas personas, sobre todo a familiares, donantes, al equipo del hogar y a los trabajadores. La situación, como ya informamos en distintas entrevistas, es tal cual: al día de hoy el gobierno nacional sigue sin pagar facturas de diciembre, enero, febrero, marzo y abril”, dijo el cura en sus redes sociales.
Al mismo tiempo, expuso el impacto directo de esa situación en el funcionamiento cotidiano: “Hoy, por primera vez, el hogar va a pagar un anticipo de sueldo porque no puede afrontar la totalidad, y la situación es delicada”.
En su mensaje, también incluyó un pedido dirigido a los distintos niveles del Estado: “Esperamos que esto mueva los corazones de quienes nos deben, tanto del Estado nacional como del provincial, e incluso de algunas empresas”.
Pese este escenario, Berola sostuvo que por ahora se mantendrán las actividades: “El objetivo es transmitir cierta tranquilidad: la situación es crítica y podría agravarse si se sostiene, pero seguimos trabajando con el mismo empeño. No nos damos por vencidos y el hogar va a seguir adelante”.
El Hogar San Camilo, con 47 años de historia, es un caso testigo. Se da en un contexto de demoras en los pagos del programa Incluir Salud, del que dependen prestaciones para personas con discapacidad en todo el país. Según datos oficiales, el sistema alcanza a más de 714 mil afiliados y acumulaba, al 29 de abril, una deuda cercana a los $69.550 millones con prestadores, con saldos pendientes desde noviembre de 2025.
Así lo confirmó, sin sonrojarse, el todavía jefe de Gabinete Manuel Adorni, en el informe de gestión que presentó la semana pasada en el Congreso. Mientras trataba de justificar sus millonarios gastos, Adorni amagó una justificación a semejante descalabro: atribuyó las demoras a un “proceso de reordenamiento estructural del área”, orientado a “corregir desvíos acumulados”. De acuerdo al Ministerio de Salud que conduce el empresario sanitario Mario Lugones los atrasos “no responden a una reducción de la cobertura ni a una desatención”, sino a cambios administrativos en el sistema.
Sin embargo, desde organizaciones de pacientes y prestadores denuncian que las demoras impactan directamente en la salud de los pacientes porque se les interrumpen tanto las medicaciones como los tratamientos. Por ello varias organizaciones impulsaron denuncias penales contra Milei y Lugones por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y abandono de persona.
En ese escenario, el caso del Hogar San Camilo permite ver como este mezcla de ajuste y corrupción golpea a la población. Pues, además de la deuda del Incluir Salud, la institución señaló atrasos de obras sociales como PAMI y falta de envío de pañales y medicamentos.
“Hoy tenemos una situación compleja, de difícil solución para nosotros de no contar con su intervención”, rogó el Padre Berola a Milei en la carta enviada el mes pasado al Jefe de Estado; y sumó: “Estamos en una situación muy crítica, si pasan tres meses sin cobrar, no me queda otra que cerrar”. Hasta el momento no hubo respuesta oficial a ese pedido.
