Piden una pensión para las víctimas: "Es una reparación mínima ante una masacre equiparable a Cromañón"
La iniciativa fue impulsada por el diputado Christian Castillo junto a familiares de las víctimas. Reclaman que legisladores bonaerenses aprueben una pensión, atención integral y cuestionan la falta de respuesta nacional ante la tragedia.
En el Anexo de la Cámara de Diputados provincial se presentó este martes un proyecto de ley para crear una pensión graciable reparatoria destinada a víctimas y familiares afectados por el fentanilo adulterado del Laboratorio HLB Pharma que, el año pasado, se cobró la vida de por lo menos 124 personas y tuvo como epicentro el Hospital Italiano de La Plata.
La iniciativa, impulsada por el diputado del PTS-Frente de Izquierda Christian Castillo, fue acompañada por familiares que brindaron dramáticos testimonios sobre el impacto de una de las "catástrofes" sanitarias evitables más graves de la historia del pais y la provincia. También participaron representantes de los diputados nacionales Romina Del Plá y Néstor Pitrola, de la diputada Mónica Schlotthauer y de la legisladora de la Coalición Cívica Romina Braga.
En diálogo con este medio, luego de la presentación, Castillo explicó que el proyecto busca “instituir en la provincia una pensión graciable reparatoria, de alrededor de 900 mil pesos, para quienes fueron afectados por la masacre del fentanilo adulterado, que golpeó particularmente a la ciudad y también otros distritos del territorio bonaerense”. En ese sentido, remarcó que muchas familias “perdieron a quien era sostén de hogar o tenía un ingreso indispensable”, por lo que la iniciativa apunta a cubrir esa situación.
Proyecto de Ley de Creación de Una Pensión Graciable Reparatoria Para Victimas de Fentanilo by Portal Código Baires
El legislador detalló que la propuesta también contempla “garantizar la atención por IOMA a quienes no tengan cobertura médica o a quienes opten por esa obra social”, además de incluir “atención interprofesional para el acompañamiento a los familiares que han quedado en una situación muy traumática”.
Respecto al hecho, que está siendo investigado por el juez federal Ernesto Kreplak, Castillo remarcó que se trató de una situación que “nos podría haber pasado a cualquiera”; y agregó que “entrar a un centro de salud por una dolencia y que una droga de uso habitual como el fentanilo te envenene y te mate” constituye un hecho de extrema gravedad.
El diputado también pidió el acompañamiento del resto de los bloques y definió la iniciativa como “una reparación mínima” ante una tragedia que consideró “equiparable con la masacre de Once o Cromañón”.
En cuanto a las responsabilidades, cuestionó la falta de respuesta del Gobierno nacional así como sus politícas desregulatorias y a favor del negocio de la salud y las prepagas. “Todavía no vimos al ministro de Salud, Mario Lugones, hacerse cargo, ni tampoco a las autoridades de la ANMAT que no controlaron al laboratorio HLB Pharma y Ramallo”. En contraposición, destacó el avance de la causa judicial y el accionar del juez Kreplak, aunque planteó la necesidad de investigar por qué no se actuó antes para evitar la distribución del medicamento adulterado.
Consultado sobre la política deMilei en este sentido, Castillo criticó las medidas de desregulación: “Lo que surge de toda la causa es que la ANMAT necesita mayor control sobre los laboratorios, no menos”, afirmó, y condenó las declaraciones del ministro Federico Sturzenegger sobre la eliminación del organismo así como el hecho que se permita el ingreso de medicamentos sin control. “Es una barbaridad”, resumió.
Sobre la magnitud del caso, indicó que “hasta el día de hoy en la causa hay 124 casos denunciados en todo el país”, aunque aclaró que el número no está cerrado debido a la falta de registros y a posibles casos no identificados. En ese marco, el proyecto incluye la creación de un registro para identificar a las víctimas y garantizar el acceso a la pensión.
Por su parte, Alejandro Ayala, hermano de una de las víctimas del Hospital Italiano de La Plata, señaló que las familias atraviesan una situación de “extrema vulnerabilidad” y denunció la falta de acompañamiento estatal. “No hemos recibido ningún tipo de apoyo o llamado por parte de las autoridades sanitarias y políticas”, dijo el joven a CódigoBAIRES.
Ayala contó que su hermano fue internado durante el período en que se administró el fentanilo adulterado y que la familia recién pudo confirmar lo ocurrido dos meses después, debido a la falta de trazabilidad en los medicamentos. “El hospital no contaba con registros que permitan definir a qué paciente se le aplicaron estos fármacos de alto riesgo”, explicó.
También advirtió que el problema no se limitó a La Plata: “La causa judicial da cuenta de casos en varias provincias y en distintos hospitales de Junín, Chivilcoy, Bahía Blanca y Morón”. Según detalló, en la provincia se aplicaron unas 7.000 ampollas y se registraron al menos 51 muertes confirmadas, aunque sostuvo que el número real podría ser mayor.
En relación a los controles, cuestionó el accionar de los organismos regulatorios nacionales: “Se hizo una inspección previa, pero no se actuó a tiempo y las advertencias llegaron después de la distribución del medicamento”, indicó. Además, aseguró que la falta de reacción del Ministerio de Salud impidió retirar las ampollas y detectar el brote a tiempo.
Por último, advirtió sobre la posibilidad de que hechos similares se repitan: “No se han tomado medidas estructurales para corregir las fallas del sistema regulatorio”, señaló, y reclamó a los diputados y la política un mayor compromiso para avanzar tanto en la investigación como en medidas de reparación y prevención.
