Se mueve una de las causas que preocupa al Gobierno
Un exfuncionario -procesado por corrupción- deberá ampliar su declaración indagatoria.
A pesar de que el Gobierno nacional busca desviar la agenda mediática de los escándalos de corrupción que involucran a funcionarios y exmiembros del gabinete, algunas de las causas continúan avanzando.
En ese marco, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11 llamó a indagatoria a 29 personas investigadas en un entramado de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que incluye el cobro de coimas del 3 por ciento para Karina Milei de los contratos de esa dependencia.
La decisión se tomó tras la solicitud de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez. Uno de los que deberá ampliar su declaración es el extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, cuyos audios filtrados fueron el puntapié inicial para comenzar a desarmar el entramado de corrupción entre la compra de medicamentos y los fondos que irían a parar a los bolsillos de la secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe de Estado.
#CódigoBAIRES | Se levantó el secreto de sumario y salió a la luz la declaración de Fernando Cerimedo ante el fiscal Picardi.https://t.co/CST0Gw42Bq
— Radio La Plata 90.9 (@radiolaplata909) September 19, 2025
Además, hay otros cuatro procesados que deberán presentarse en los tribunales, entre ellos el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini y Miguel Calvete, señalado como lobbista de los directivos de laboratorios y droguerías involucrados en la causa, quienes deberán dar la cara una vez mas en sede judicial antes del 26 de mayo.
En ese marco, cabe mencionar que son más de 20 los empresarios involucrados que habrían formado parte de la estructura de corrupción libertaria.
#CódigoBAIRES | Se filtraron audios en los que el funcionario reconocería corrupción a su alrededor. En las menciones aparecen "Lule", Karina y Javier.https://t.co/CEowmmPfXF
— Radio La Plata 90.9 (@radiolaplata909) August 20, 2025
En otro orden, el Juzgado dispuso la inhibición general de bienes para las personas y empresas involucradas bajo el argumento de que “las hipótesis delictivas investigadas en autos asoman la posibilidad de que acontezcan maniobras tendientes al desprendimiento de activos que pudieron haber sido instrumentos, productos, objetos o provecho de posibles delitos —y por ende, susceptibles de ser recuperados por el Estado—“.
Por otro lado, también vale recordar que Spagnuolo ya fue indagado y procesado en la causa por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público. En ese marco, se denuncia que los hechos implicaron salidas de dinero por más de 75.000 millones de pesos provenientes del erario público con destino a un selecto grupo de beneficiarios.
