El Gobierno interviene en tarifas y pone un límite del 3% a las subas de AySA
La medida regirá hasta agosto y busca contener la inflación, aunque mantiene la presión sobre los bolsillos en un contexto de ajuste económico.
El Gobierno nacional volvió a intervenir en la dinámica de precios de los servicios públicos y dispuso un nuevo límite para las tarifas de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en un intento por contener el impacto inflacionario en los hogares. La medida alcanza a la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) y comenzará a regir con las facturas correspondientes a mayo.
A través de la Resolución 14/2026 del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), se estableció que los aumentos mensuales no podrán superar el 3% entre mayo y agosto de este año. De esta manera, el Ejecutivo desacelera el ritmo de subas que venía aplicándose en el primer cuatrimestre, cuando el tope era del 4% mensual.
La decisión se inscribe en el proceso de “convergencia tarifaria” que el propio Gobierno impulsó tras el congelamiento parcial de 2025, período en el que las actualizaciones estuvieron limitadas al 1% mensual. Luego, ante una inflación mayor a la prevista, se habilitó una recomposición más acelerada desde enero de 2026, que ahora vuelve a moderarse.
Según se desprende de la normativa, el nuevo esquema funcionará como un techo: si la fórmula automática de actualización arroja un porcentaje menor, se aplicará ese valor. Es decir, el límite del 3% opera como un freno ante posibles subas más pronunciadas en un contexto de presión inflacionaria todavía vigente.
El trasfondo de la medida combina la necesidad oficial de mostrar señales de desaceleración en los precios con la delicada situación financiera de la concesionaria. AySA proyectó para 2026 un déficit cercano a los 205.000 millones de pesos, en parte explicado por la diferencia entre la inflación esperada y la efectivamente registrada en los primeros meses del año.
Aun con estos topes, el sendero de aumentos acumulados continúa siendo significativo. Tras el fuerte ajuste inicial dispuesto al comienzo de la gestión de Javier Milei, que incluyó subas de hasta el 210%, las tarifas del servicio ya superan ampliamente los niveles del año pasado y seguirán incrementándose, aunque ahora bajo un ritmo más controlado.
En un escenario de ajuste más amplio sobre los servicios públicos, la decisión expone una tensión cada vez más visible: mientras el discurso oficial promueve la desregulación y el libre juego de la oferta y la demanda, en la práctica el Estado continúa fijando límites concretos a los aumentos para evitar un mayor deterioro del poder adquisitivo. Una señal de que, al menos por ahora, el mercado no termina de ordenarse por sí solo.
