"Exigimos la inmediata recuperación del rol rector del Ministerio de Salud de la Nación"

Crisis socioeconómica, caída del empleo, presión sobre el sistema público, reclamo por vacunas, críticas por la salida de la OMS y alertas por el PAMI sintetizaron el pronunciamiento del Consejo de Salud Provincial (COSAPRO) que tuvo lugar la semana pasada en Mar del Plata, y del que participaron representantes de los 135 municipios, más de 15.000 trabajadores sanitarios, universidades públicas y autoridades del Ministerio de Salud de Axel Kicillof.

La declaración planteó que “la situación socioeconómica que vive nuestro país impacta claramente en la situación de salud”, al señalar que la “desindustrialización programada y el cierre de empresas” reducen los recursos de la seguridad social y amplían la población que depende exclusivamente del sistema público. En ese escenario, advirtieron que el subsector estatal “se ve presionado por atender mayor cantidad de población” con menos recursos.

Paralelamente, el texto cuestionó el rol del Gobierno nacional y rechazó que la idea de que “la salud es federal” se use como argumento para retraer responsabilidades. “Deseamos también destacar que se ha malinterpretado el concepto”, afirmaron, y remarcaron que el Estado nacional debe actuar “como garante de última instancia, como coordinador y como mecanismo compensador de las inequidades territoriales”.

A partir de ese diagnóstico, el COSAPRO fue directo en sus demandas: “Exigimos la inmediata recuperación del rol rector del Ministerio de Salud de la Nación”, junto con “la continuidad de la provisión de vacunas del calendario nacional, de medicamentos de REMEDIAR y de otros insumos críticos” para sostener programas sanitarios.

El pronunciamiento también incluyó críticas a decisiones en el plano internacional. “Desconocemos los motivos de la desafiliación de nuestro país a la Organización Mundial de la Salud”, señalaron, y advirtieron que se trató de una medida “decidida sin participación de nuestra provincia” y que “no ha sido discutida en el COFESA”, por lo que se consideran “afectados por esa decisión inconsulta”.

Además, apuntó contra el impacto de la política de Javier Milei sobre la atención de jubilados. “La falta de cumplimiento de los convenios de PAMI agudiza la crisis en la fuerza laboral y desfinancia a prestadores privados”, indicaron, lo que “afecta la atención de la salud de las y los jubilados y sobrecargando el sistema público”.

En materia de salud mental, las autoridades destacaron que las provincias vienen adecuando sus políticas a la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 y advirtieron: “Expresamos enfáticamente el pedido de abstenerse de intentar retroceder en los derechos y obligaciones instituyentes incluidos en ese marco legal”, en un proceso que -indicaron- se desarrolla “luego de años de desinversión en este campo”.

Finalmente, el texto expresa su respaldo a la política sanitaria bonaerense, específicamente su “apoyo a la construcción de una política de Atención Primaria de la Salud dentro del plan quinquenal” y los lineamientos para salud mental y consumos problemáticos en los municipios, en un contexto que definieron como de “altísima incidencia de padecimientos”.

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Además, se comprometieron a impulsar iniciativas legislativas y a participar en la elaboración de un nuevo plan para “alinear las políticas provinciales, municipales e institucionales al logro del bien común”.

Estuvieron presentes más de 130 intendentes de todos los colores políticos, entre ellos Fabián Cagliardi (Berisso), Franco Flexas (General Viamonte), Salvador Serenal (Lincoln), Carlos Ferraris (Leandro N. Alem), Erica Revilla (General Arenales), José Luis Salomón (Saladillo), Gustavo Cocconi (Tapalqué), Pedro Iannuzzi (Villa Gesell), Guillermo Britos (Chivilcoy), Maximiliano Wesner (Olavarría), Nelson Sombra (Azul), Marcos Pisano (Bolívar), Martín Randazzo (La Madrid) y Alfredo Fischer (Laprida).