El Gobierno avanza con más de 700 despidos en el INTI y crece el conflicto con trabajadores
El recorte incluye cambios en funciones y servicios. Trabajadores denuncian vaciamiento y advierten sobre el impacto en áreas sensibles.
Autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Industrial confirmaron que el Gobierno nacional impulsa una reestructuración que incluiría la desvinculación de más de 700 trabajadores, en el marco de una revisión más amplia de su funcionamiento. La medida fue comunicada tras una reunión del Consejo Directivo del organismo y responde a lineamientos del Ministerio de Transformación y Desregulación del Estado.
Durante ese encuentro, el presidente del INTI, Miguel Ángel Romero, señaló que desde la cartera conducida por Federico Sturzenegger se solicitó una nueva estructura administrativa junto con una reducción significativa de personal. No obstante, fuentes internas advierten que la cifra de 700 despidos podría ampliarse y alcanzar un número mayor, incluso cercano a los 1.400 puestos de trabajo.
El planteo abrió un frente de tensión dentro del organismo. Según trascendió, Romero expresó que no está dispuesto a convalidar las cesantías en esos términos. “El acuerdo no era este, era bajar servicios pero no despedir”, habría indicado en conversaciones internas, marcando diferencias con la estrategia impulsada por el Ejecutivo encabezado por Javier Milei.
En paralelo al recorte de personal, el INTI avanzó en la eliminación de una serie de servicios técnicos. Se trata de prestaciones vinculadas al control de calidad y seguridad en distintas áreas, especialmente en alimentos y bebidas, que incluían análisis de aditivos, estudios de vida útil, evaluaciones sensoriales y detección de contaminantes. Estas tareas funcionaban como respaldo técnico tanto para empresas como para organismos de control.
Desde el Gobierno sostienen que la decisión responde a una reorganización de la oferta tecnológica, al considerar que parte de esos servicios no registraban demanda suficiente o ya contaban con cobertura en el sector privado. Sin embargo, la medida generó cuestionamientos dentro y fuera del instituto.
La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios advirtió que el recorte implica abandonar funciones estratégicas y trasladar controles sensibles al ámbito privado, lo que, según señalaron, podría generar riesgos para la población y para el entramado productivo.
En la misma línea, un grupo de 13 subgerentes elevó una nota a la conducción del organismo para frenar la discontinuidad de estas prestaciones. Allí remarcaron que los servicios del INTI no solo complementan la oferta existente, sino que también cubren vacancias críticas del sistema tecnológico. Además, alertaron sobre posibles efectos a mediano y largo plazo, como la pérdida de capacidades técnicas, la desarticulación de equipos especializados y las dificultades para reconstruir ese conocimiento.
Frente a este escenario, trabajadores y delegados gremiales convocaron a una jornada de protesta con conferencia de prensa en la sede del organismo, con el objetivo de visibilizar el conflicto y advertir sobre el impacto del ajuste.
La situación del INTI se inscribe en el proceso de reducción del Estado que lleva adelante el Gobierno nacional, con recortes de estructuras, personal y funciones en distintos organismos públicos, y reabre el debate sobre el rol de las instituciones técnicas en áreas clave para la producción y el control de calidad.
