Se agota el plazo de la Justicia y crece la presión sobre el Gobierno por los fondos universitarios
La Casa Rosada evalúa apelar mientras universidades advierten protestas y denuncian caída salarial y recorte de fondos en todo el país.
El Gobierno nacional enfrenta horas decisivas en un conflicto que combina presión judicial, tensión política y creciente malestar en el sistema universitario. Este viernes vence el plazo fijado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal para que la gestión de Javier Milei cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, en particular con la actualización de salarios y becas contempladas en los artículos 5 y 6.
La resolución judicial dejó a la Casa Rosada con escaso margen de maniobra: debe transferir fondos millonarios a más de 60 universidades públicas o avanzar con una apelación ante la Corte Suprema. Sin embargo, especialistas advierten que el máximo tribunal rara vez interviene en medidas cautelares de este tipo en plazos tan acotados, por lo que el incumplimiento podría abrir un nuevo frente de conflicto institucional.
La decisión de la Cámara ratificó una cautelar previa y fue contundente al cuestionar los argumentos oficiales, calificados como “poco serios”. En ese marco, el Ejecutivo evalúa presentar un recurso extraordinario federal con el objetivo de frenar la ejecución del fallo, aunque las probabilidades de obtener un efecto suspensivo inmediato aparecen como limitadas.
Desde el ámbito universitario, la situación es considerada crítica. Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las transferencias a las casas de estudio cayeron un 45,6% en términos reales desde 2023, mientras que los salarios docentes y no docentes acumulan alrededor de 17 meses consecutivos de pérdida frente a la inflación, con una caída superior al 30% del poder adquisitivo. Este deterioro fue uno de los principales fundamentos que tuvo en cuenta la Justicia para ordenar la recomposición de partidas.
El impacto ya se siente en el funcionamiento cotidiano de las universidades. Rectores, gremios y centros de estudiantes advierten sobre dificultades para sostener servicios básicos, programas de investigación, mantenimiento edilicio y sistemas de becas. En ese contexto, el conflicto dejó de ser estrictamente presupuestario para convertirse en un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
Paro en la UNLP
A nivel local, la tensión también se traduce en medidas concretas. Este viernes, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) enfrenta un paro de trabajadores nodocentes que afecta el funcionamiento de sus 17 facultades, colegios preuniversitarios y dependencias administrativas. La medida, impulsada por la Asociación de Trabajadores de la Universidad (ATULP), se realiza sin concurrencia a los lugares de trabajo y en reclamo de “salarios dignos y paritarias libres”.
El conflicto en La Plata no es aislado. Forma parte de un plan de lucha coordinado a nivel nacional que ya provocó la pérdida de semanas de clases en el inicio del ciclo lectivo 2026. Mientras algunos sectores de la comunidad educativa respaldan las protestas, otros, como grupos de padres, comenzaron a manifestar su preocupación por la continuidad de las cursadas e incluso analizan acciones judiciales para garantizar la normalización.
En paralelo, el Frente Universitario, que nuclea a rectores, gremios y estudiantes, advirtió que, si el Gobierno no cumple con la ley ni con el fallo judicial, convocará a una gran movilización nacional en la primera quincena de mayo, en línea con las multitudinarias marchas realizadas en los últimos meses. Durante esta semana, ya se realizaron vigilias, clases públicas y actividades abiertas bajo la consigna de visibilizar la situación del sistema educativo.
Además, se formalizaron presentaciones judiciales para dejar constancia del incumplimiento y se enviaron pedidos al Ministerio de Capital Humano para exigir la convocatoria urgente a paritarias. Hasta el momento, no hubo respuestas oficiales por parte de las autoridades educativas nacionales.
El trasfondo del conflicto también tiene una dimensión económica. El cumplimiento integral de la ley implicaría un desembolso cercano a los 2,5 billones de pesos, una cifra que podría tensionar el objetivo de superávit fiscal que el Gobierno sostiene como uno de los pilares de su gestión.
Con el plazo a punto de vencer, el desenlace aparece abierto. Si el Ejecutivo no acata la orden judicial, podría enfrentar sanciones y una escalada del conflicto tanto en los tribunales como en las calles. En ese escenario, la disputa por el financiamiento universitario se consolida como uno de los principales focos de tensión política y social del país.
