Adorni debe 70 mil dólares y su entramado financiero sigue bajo sospecha
Las acreedoras ratificaron ante la Justicia el préstamo y los pagos, mientras la causa por enriquecimiento ilícito sigue sumando inconsistencias.
La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sigue sumando capítulos que lejos de despejar dudas vuelve a exponer inconsistencias en torno a su patrimonio. Esta vez, las protagonistas fueron las propias acreedoras de una de las operaciones bajo investigación, quienes confirmaron ante la Justicia que el funcionario mantiene una deuda millonaria en dólares.
Se trata de Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio, madre e hija, quienes declararon ante el fiscal Gerardo Pollicita en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Ambas ratificaron que le otorgaron a Adorni un financiamiento de 100.000 dólares, 85.000 y 15.000 respectivamente, y que aún resta cancelar unos 70.000 dólares más intereses, con vencimiento previsto para los próximos meses.
El esquema utilizado vuelve a encender alarmas: una hipoteca no bancaria, entre particulares, con una tasa de interés del 11% anual y pagos mensuales que el funcionario comenzó a realizar a fines de 2024. Según trascendió, Adorni llegó a abonar cuotas cercanas a los 900 dólares, que luego se redujeron a unos 600 tras una cancelación parcial del capital.
Pero el dato más sensible es el destino de esos fondos. De acuerdo a la reconstrucción judicial, el dinero habría sido utilizado para financiar la compra de la casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, operación que se concretó prácticamente en simultáneo con la toma del crédito. Incluso, se investiga si el efectivo fue depositado directamente por su esposa, Bettina Angeletti, para concretar la transacción.
La operatoria, lejos de ser un hecho aislado, se repite en otras adquisiciones del funcionario. En paralelo, la Justicia analiza la compra del departamento de la calle Miró, en Caballito, donde Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo le habrían financiado cerca del 90% del valor del inmueble sin interés alguno, un esquema aún más inusual que también está bajo investigación.
En ese caso, el propio vendedor original del inmueble, el exfutbolista Hugo Morales, declaró haber vendido la propiedad en condiciones deterioradas por 200.000 dólares apenas meses antes de que fuera revendida a Adorni bajo un esquema completamente distinto, lo que alimenta las sospechas sobre la mecánica de las operaciones.
La causa, que tramita en el juzgado de Ariel Lijo, busca reconstruir la trazabilidad del dinero y determinar si quienes participaron de estas maniobras tenían capacidad económica real para otorgar esos préstamos. En esa línea, se dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario del funcionario, su entorno y las acreedoras.
Además, la investigación incorporó chats, documentación y testimonios que intentan esclarecer el rol de la escribana Adriana Mónica Nechevenko, señalada como nexo clave en la articulación de estos acuerdos entre privados.
Mientras tanto, el frente político tampoco da respiro. Pese al cúmulo de cuestionamientos, el entorno del presidente Javier Milei continúa respaldando públicamente a Adorni, en una estrategia que refuerza la idea de blindaje frente a los escándalos.
Con cada declaración, el panorama se vuelve más complejo: lo que comenzó como una serie de operaciones inmobiliarias llamativas empieza a delinear un patrón difícil de justificar. Y en ese contexto, las explicaciones del funcionario siguen sin aparecer con la claridad que el caso exige.
