Sturzenegger desregula el control de buques y crece la tensión con la Armada
La iniciativa apunta a reducir costos en la navegación, pero genera alertas por la seguridad, el control estatal y posibles beneficios para grandes exportadoras.
El Gobierno nacional impulsa un decreto para modificar el régimen de practicaje y pilotaje en puertos y vías navegables, una decisión que ya generó tensiones con la Armada y suma cuestionamientos de especialistas locales e internacionales. La medida, promovida por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, busca reducir costos logísticos en el comercio exterior, aunque abre un debate sobre sus efectos en la seguridad.
El proyecto introduce cambios en el esquema tarifario y flexibiliza las condiciones de operación, con menor intervención estatal. En ese marco, permitiría que buques extranjeros operen con menos controles y, en algunos casos, sin la obligación de contar con prácticos a bordo; es decir, un marino experimentado que asesora a los capitanes de buques en la navegación y maniobra dentro de zonas portuarias o canales complicados.
En ese punto aparece uno de los ejes más cuestionados: el impacto sobre el negocio exportador, en particular el vinculado a los grandes complejos agroindustriales. Desde la Liga Naval Argentina sostienen que la desregulación favorecería principalmente a las empresas navieras internacionales que operan para las principales cerealeras, al reducir los costos asociados al ingreso, egreso y maniobras en la hidrovía.
Al respecto, el presidente de la entidad, Fernando Morales, afirmó que “es un decreto que cumple un viejo anhelo Sturzenegger, del famoso abaratamiento de costos del transporte marítimo, que en este caso el principal beneficiario de este abaratamiento va a ser las empresas navieras extranjeras, aquellas que por ejemplo vienen a cargar cereal a la hidrovía y después se van”. En ese esquema, la reducción de exigencias en el practicaje impacta directamente en los costos operativos de los buques que transportan granos, uno de los principales rubros de exportación del país.
Según explicó Morales, el núcleo de la iniciativa es la flexibilización del practicaje, es decir, el servicio de asesoramiento obligatorio para la conducción de buques en aguas locales. “¿Qué dice este decreto en su primera parte? Torna mucho más laxo el sistema de practicaje y pilotaje”, indicó, y advirtió que la medida habilitaría a capitanes extranjeros a prescindir de prácticos tras cumplir ciertos requisitos.
“Lo que hace este decreto es liberalizar tanto el ejercicio de la profesión que pone en riesgo la seguridad”, afirmó, y remarcó el rol del práctico como representante de la autoridad marítima a bordo. “Vas a poder tener buques extranjeros sin argentinos a bordo, navegando a pocos metros de la central de Atucha. Lo cual también es un relajamiento de la seguridad de tipo policial, porque no tenés ningún argentino ahí mirando lo que pasa en ese barco”, agregó.
El conflicto también alcanza al sistema de formación de la Marina Mercante. El decreto propone transferir esa función desde la Armada hacia la Prefectura Naval. “La Armada tiene a su cargo desde hace más de 100 años la formación del personal superior de la Marina Mercante”, sostuvo Morales, y cuestionó que el cambio implicaría una reducción en los estándares académicos.
En la misma línea, a través de un comunicado, el secretario general de la Liga Naval Argentina, Hernán Pablo Gávito, advirtió que “en una actitud temeraria e inconsulta desde la Agencia de Puertos y Vías Navegables se pretende desnaturalizar la formación de Marinos Mercantes”. Y agregó: “¿Por qué cambiar lo que anda bien? La formación de Oficiales de la Marina Mercante está en la órbita de la Armada desde hace más de un siglo”.
Advertencias internacionales y antecedentes recientes
El debate sobre la desregulación del practicaje también fue objeto de advertencias a nivel internacional. A fines de marzo, representantes de la International Maritime Pilots' Association (IMPA) visitaron el país y expusieron su preocupación por iniciativas orientadas a flexibilizar el sistema bajo el argumento de reducir costos.
La entidad, que reúne a asociaciones de pilotos de más de 50 países y tiene estatus consultivo ante la Organización Marítima Internacional, advirtió sobre los riesgos de debilitar una actividad clave para la seguridad de la navegación.
Su presidente, Simon Pelletier, sostuvo que considerar el practicaje solo como un costo a reducir puede derivar en mayores riesgos operativos, menor inversión en formación y más probabilidades de incidentes como colisiones o encallamientos. Según datos presentados por la organización, un sistema eficiente reduce el riesgo de navegación en 528 veces y garantiza que el 99,95% de las maniobras se realicen sin incidentes.
“El principal ‘cliente’ del servicio del práctico no es el barco ni el armador, sino la sociedad”, afirmó Pelletier, y cuestionó los modelos de desregulación. “Se suele asumir que la desregulación y la competencia conducen a obtener el mismo servicio, o uno mejor, a menor costo. En muchos sectores, esa promesa se cumple. En el practicaje, no”, señaló.
Las advertencias se suman a los cuestionamientos internos en un escenario donde el Gobierno avanza con cambios estructurales en el sistema. Mientras se busca reducir costos para el comercio exterior, el eje de la discusión se centra en quiénes se benefician con esa baja -principalmente grandes operadores del negocio exportador- y cuáles son los riesgos en términos de seguridad, control estatal y funcionamiento de una actividad estratégica.
