La Provincia le ganó a Rappi y la Corte avaló sanciones laborales
La Suprema Corte bonaerense confirmó inspecciones del Ministerio de Trabajo y validó que los repartidores pueden ser considerados empleados.
La Suprema Corte de la provincia falló a favor del Gobierno bonaerense en un caso sobre el encuadramiento laboral de los trabajadores de plataformas digitales. El máximo tribunal convalidó las inspecciones realizadas por el Ministerio de Trabajo y confirmó sanciones contra las empresas Rappi y Repartos Ya por incumplimientos laborales.
La decisión judicial rechazó los recursos presentados por las compañías contra resoluciones previas del Tribunal de Trabajo N° 2 de La Plata, que había considerado válidas las actas labradas durante los controles realizados en territorio. En ese marco, se sostuvo que las actuaciones del organismo provincial permitieron acreditar la existencia de una relación laboral entre las firmas y los repartidores.
Uno de los ejes del fallo fue la validación del accionar del Ministerio de Trabajo como autoridad administrativa. La Corte avaló tanto la legalidad de las inspecciones como el valor probatorio de las actas confeccionadas por los inspectores.
El Ministerio de Trabajo expresa su beneplácito respecto de las sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, donde se confirmó la imposición de multas a dos empresas de plataformas. pic.twitter.com/r8S4AyfojN
— Trabajo PBA (@TrabajoPBA) April 10, 2026
Además, el tribunal cuestionó la estrategia de las empresas al momento de apelar. “El interesado se centra en reproducir lo dicho en la instancia de grado, ignorando los fundamentos del pronunciamiento”, señalaron los jueces al desestimar los planteos.
El fallo también ratificó que la cartera laboral tiene facultades para interpretar normas y calificar relaciones de trabajo con fines sancionatorios, un punto central en la discusión sobre el estatus de los trabajadores de plataformas.
Desde el gobierno de Axel Kicillof celebraron la decisión y destacaron su alcance institucional. A través de un comunicado, el Ministerio de Trabajo consideró que se trata de “un fuerte respaldo al poder de policía del Ministerio y a su facultad de interpretar normas jurídicas”.
El conflicto se inscribe en un debate más amplio sobre las condiciones laborales en la economía de plataformas. Mientras las empresas sostienen que los repartidores son trabajadores independientes, las inspecciones provinciales concluyeron que existe una relación de dependencia.
La discusión también tiene un componente político. La administración bonaerense mantiene una disputa con el gobierno nacional de Javier Milei en torno a este tema, especialmente tras la reforma laboral impulsada a nivel nacional, que encuadra a los trabajadores de plataformas como socios y no como empleados.
En ese contexto, el ministro de Trabajo Walter Correa presentó un proyecto de ley para establecer en la provincia un marco normativo propio que regule la actividad bajo criterios distintos a los fijados por la legislación nacional.
El fallo de la Suprema Corte refuerza así la posición del gobierno provincial en la discusión y abre un nuevo escenario en el debate sobre los derechos laborales en el sector.
