Política
Privatización de la Riccheri

AUBASA impugna su exclusión y denuncia arbitrariedad del gobierno de Milei

La empresa estatal bonaerense cuestionó el dictamen que la dejó fuera de la Red Federal de Concesiones.

Andrea Lazaro
10/04/2026
AUBASA impugna su exclusión y denuncia arbitrariedad del gobierno de Milei

Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) anunció que avanzará con una impugnación formal tras ser excluida de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 504-0013-LPU25, correspondiente a la Red Federal de Concesiones – Etapa II, que incluye el estratégico corredor de la autopista Riccheri.

A través de un comunicado, la empresa aseguró que detectó “graves irregularidades e inconsistencias jurídicas y técnicas” en el dictamen de precalificación que recomendó desestimar su oferta, y advirtió que la decisión se basó en criterios que no estaban previstos en el pliego.

Según planteó AUBASA, la evaluación introdujo exigencias que no formaban parte de las condiciones originales, modificando las reglas del proceso una vez presentadas las propuestas. “Esto demuestra que la decisión adoptada se basa en criterios arbitrarios, afectando la transparencia y legalidad del proceso”, indicaron.

Uno de los principales cuestionamientos se centra en la exigencia de acreditar experiencia técnica exclusivamente mediante la ejecución directa de obras. De acuerdo a la empresa, el pliego solo requería antecedentes respaldados por contratos y certificaciones emitidas por organismos competentes.

En ese sentido, también señalaron un “error conceptual” al analizar la oferta bajo parámetros de obra pública tradicional, cuando se trata de una concesión integral que habilita la participación de terceros contratistas. “Resulta habitual y jurídicamente válido que el concesionario organice y ejecute las prestaciones a través de terceros”, sostuvieron.

AUBASA remarcó que cuenta con experiencia como concesionaria vial desde 2014 y que sus antecedentes fueron certificados por organismos públicos, aunque luego “fueron desestimados mediante interpretaciones restrictivas no contempladas en el pliego”.

En paralelo, la empresa indicó que actualmente ejecuta un plan de obras en sus corredores, en un contexto de caída de la inversión en infraestructura vial a nivel nacional.

El comunicado también apuntó a falencias en la evaluación económico-financiera, al mencionar “deficiencias metodológicas y omisiones relevantes”, como la falta de consideración de documentación presentada en tiempo y forma y la ausencia de criterios claros en el análisis.

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Además, advirtió sobre una posible vulneración del principio de igualdad de trato, al señalar que se le habrían aplicado condiciones más restrictivas que a otros oferentes. “No se trata de una cuestión interpretativa menor, sino de la introducción de exigencias inexistentes que alteran las reglas del proceso y afectan la competencia”, afirmaron.

La exclusión de AUBASA se da en el marco del proceso de privatización del corredor Sur-Atlántico-Acceso Sur impulsado por el Gobierno nacional, que incluye la autopista Riccheri–Ezeiza–Cañuelas y tramos de las rutas nacionales 3, 205 y 226.

Cabe recordar que, este lunes, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, denunció públicamente que la gestión de Javier Milei estaba “embarrando la licitación” para desplazar a la empresa provincial y favorecer un esquema que, según afirmó, derivará en más peajes.

Frente a este escenario, AUBASA ratificó que recurrirá a la impugnación para “garantizar el respeto a las reglas del procedimiento, la transparencia del proceso licitatorio y la igualdad de condiciones entre los participantes”.

“La compañía reafirma su compromiso con la legalidad, la competencia y la gestión eficiente de la infraestructura vial, en beneficio de los usuarios y del interés público”, concluyó el comunicado.

La comisión evaluadora también dejó fuera a otras empresas, entre ellas SACDE, vinculada a Marcelo Mindlin, junto a distintos consorcios privados. Mientras que, tras el proceso de precalificación, quedaron en carrera distintos grupos empresarios, entre ellos consorcios como Roggio-Chediak, Panedile-Supercemento-Eleprint y CPC, la constructora vinculada a Cristóbal López, entre otros.

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