"Prioridad porteña": el decreto de Macri que roza la inconstitucionalidad
La medida dictaminada por el dirigente de "Vicente López" otorga preferencia a residentes de la Ciudad en el acceso a servicios públicos.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, oficializó mediante decreto la denominada “prioridad porteña”, una política que establece preferencia para personas con domicilio en CABA al momento de acceder a turnos, trámites y prestaciones estatales.
El argumento del Ejecutivo porteño es “organizar la asistencia en los servicios que brinda la Ciudad en beneficio de los residentes”, extendiendo así a todas las áreas un criterio que hasta ahora se aplicaba principalmente en el sistema de salud.
Sin embargo, la decisión abrió cuestionamientos desde distintos sectores, tanto por su alcance como por su encuadre legal. Entre las críticas se planteó que el decreto contradice principios constitucionales. En ese sentido, se advirtió que la medida “viola el artículo 16 (igualdad) y el artículo 8 (libre circulación) de la Constitución Nacional”, al considerar que la diferenciación por domicilio en el acceso a servicios públicos resulta arbitraria y “rompe la unidad federal”. Bajo esa línea, anticiparon que el tema podría derivar en presentaciones judiciales.
El debate también sumó señalamientos políticos en torno a la figura del propio mandatario porteño. Es que Macri tiene su trayectoria vinculada al distrito bonaerense de Vicente López, lo que fue utilizado como contraste frente a una política que prioriza a residentes de la Ciudad para el acceso a servicios públicos.
En paralelo, el anuncio volvió a tensar la relación con la administración bonaerense encabezada por Axel Kicillof.
Qué establece la medida
El decreto firmado por Macri dispone que los residentes de la Ciudad de Buenos Aires tendrán prioridad en el acceso a servicios estatales, incluyendo turnos, cupos y trámites administrativos. El domicilio será el criterio principal para definir ese orden de preferencia.
Desde el Ejecutivo aclararon que la política no excluye a personas de otras jurisdicciones, aunque sí establece una diferenciación en la asignación de recursos en función del lugar de residencia, en un contexto de alta demanda sobre los servicios públicos porteños.
