La Provincia denuncia irregularidades en la licitación y pone a AUBASA en carrera
Katopodis denunció cambios de último momento en la licitación de rutas y pidió veedores para garantizar transparencia en el proceso.
La disputa entre la Provincia de Buenos Aires y la Nación por el control de corredores viales sumó un nuevo capítulo tras la presentación de Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) en la licitación para concesionar rutas nacionales, en medio de fuertes cuestionamientos del gobierno bonaerense por presuntas irregularidades en el proceso.
En el marco de una reciente conferencia de prensa, en la que también se abordaron otros cruces políticos con la administración de Javier Milei, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, confirmó que la Provincia solicitó formalmente la intervención de la Defensoría del Pueblo, tanto a nivel nacional como provincial, para que actúe como veedora en la licitación en curso.
El pedido apunta a garantizar “plena transparencia” en el proceso que lleva adelante el Ministerio de Economía de la Nación, luego de que, según denunció el funcionario, se modificaran 33 artículos del pliego apenas una semana antes del cierre para la presentación de ofertas. “Cambiaron la contratación cuando ya estaba iniciada”, cuestionó Katopodis, al advertir que esas alteraciones “desvirtúan” las condiciones originales de competencia.
La preocupación no es menor para la gestión de Axel Kicillof, que decidió impulsar a AUBASA como oferente para quedarse con tramos estratégicos de la Red Federal de Concesiones. Entre ellos se encuentran la autopista Riccheri, el corredor Ezeiza-Cañuelas y rutas nacionales clave como la 3, la 205 y la 226, fundamentales para la conectividad y la producción bonaerense.
La empresa estatal formalizó su participación tras constatar que los pliegos no impedían la presentación de compañías públicas. En ese contexto, a principios de marzo presentó una oferta para los tramos Sur, Atlántico, Acceso Sur y Pampa, en una licitación que contempla la construcción, explotación, mantenimiento y ampliación de casi 1.900 kilómetros de rutas en esta etapa, dentro de un esquema más amplio que abarca unos 9.000 kilómetros a nivel nacional.
Sin embargo, desde La Plata deslizan que las modificaciones de último momento podrían responder a un intento de excluir a AUBASA del proceso. Katopodis aseguró que la firma bonaerense cuenta con ventajas comparativas en términos de experiencia, estructura y capacidad operativa, y defendió su desempeño al frente de corredores como la Autopista Buenos Aires–La Plata y la Ruta 2.
En paralelo, el ministro no descartó la posibilidad de que detrás del esquema licitatorio exista un “negociado” en la adjudicación de las concesiones. También advirtió sobre un eventual cambio de modelo, con peajes más caros y la incorporación de nuevos puntos de cobro, en contraposición al esquema de AUBASA, que, según sostuvo, reinvierte la totalidad de sus ingresos en obras y mantenimiento.
El trasfondo del conflicto también expone diferencias más profundas sobre la política de infraestructura vial. Desde el gobierno bonaerense cuestionan el estado de las rutas nacionales y acusan a la administración central de falta de inversión, pese a contar con recursos específicos como los provenientes del impuesto a los combustibles.
Actualmente, el proceso de evaluación de ofertas sigue en marcha y cuenta con al menos una decena de competidores. En ese escenario, la jugada de la Provincia no solo busca disputar la gestión de corredores clave, sino también posicionar un modelo alternativo de administración estatal frente al avance del esquema de concesiones impulsado por la Nación.
