La causa suma pericias en todo el país y el nuevo escándalo por desvío de anestésicos reaviva las alarmas
Con 111 víctimas fatales, la investigación por fentanilo adulterado suma pruebas clave mientras crece la alarma por uso recreativo de drogas hospitalarias. Qué se sabe y por qué hablan de una falla estructural.
La investigación judicial por el fentanilo contaminado, considerada el mayor desastre sanitario de la historia reciente argentina, entra en una etapa clave este mes con la ampliación de las indagatorias a 14 imputados, mientras en paralelo crece la preocupación por el desvío de drogas hospitalarias tras la muerte de profesionales de la salud en episodios bajo sospecha.
El expediente que instruye el juez federal Ernesto Kreplak ya contabiliza 111 muertes y al menos 49 pacientes con posibles secuelas, según las pericias realizadas sobre 160 historias clínicas por el Cuerpo Médico Forense. En ese contexto, el caso sumó en los últimos días un nuevo foco de tensión: el uso indebido de anestésicos como fentanilo y propofol en ámbitos por fuera del sistema sanitario.
Durante marzo y los primeros días de abril, el avance de la causa se apoyó en un despliegue federal de peritajes médicos en distintos puntos del país. Equipos del Cuerpo Médico Forense evaluaron pacientes en Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Córdoba y Formosa, donde incluso se montaron operativos específicos para entrevistar a personas que habrían sido expuestas a los lotes contaminados.
El objetivo de estas evaluaciones es determinar secuelas y reforzar el plexo probatorio en una causa que podría derivar en penas de entre 10 y 25 años de prisión por la presunta adulteración de medicamentos agravada por su impacto en la salud pública.
En paralelo, la investigación logró identificar al menos 187 droguerías, clínicas y sanatorios vinculados a la distribución del producto, de los cuales 40 habrían recibido ampollas pertenecientes a los lotes adulterados. Parte de ese material fue recuperado en operativos realizados por la Policía Federal en conjunto con organismos sanitarios, en el denominado “Plan de Recupero Judicial”.
Los estudios bacteriológicos ya confirmaron la presencia de microorganismos peligrosos en las ampollas, mientras que en el expediente también se incorporaron chats internos de los laboratorios involucrados que darían cuenta de graves irregularidades en la manipulación de sustancias.
