CABA: Venta ambulante en alza y operativos bajo la lupa
Mientras la actividad informal aumentó en CABA y sigue presente en La Plata, dos procedimientos policiales reavivaron el debate sobre el uso de la fuerza y la falta de respuestas para quienes dependen de este trabajo.
La venta ambulante vuelve a quedar en el centro de la escena, atravesada por el crecimiento de la actividad informal y la polémica por operativos policiales que generan cuestionamientos. En un contexto económico adverso, la calle aparece como salida para muchos.
Un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios registró un aumento interanual del 5,1% en la venta ilegal callejera en la Ciudad de Buenos Aires durante febrero. El informe detectó 103 puestos en distintas zonas, con una fuerte concentración en rubros básicos: alimentos y bebidas explicaron más del 70% de la actividad.
Calles del microcentro, como Perú, y avenidas clave como Corrientes concentran buena parte de los puestos, al igual que entornos de estaciones ferroviarias como Once y Constitución. Allí, la combinación de circulación constante y necesidad económica sostiene la dinámica de la venta callejera.
Pero más allá de los números, el fenómeno volvió a instalarse en la agenda por una serie de operativos que derivaron en denuncias de violencia. En el barrio de Flores, una vendedora ambulante con discapacidad fue reducida por efectivos de la Policía de la Ciudad durante un procedimiento para decomisar mercadería. La escena, registrada por vecinos, generó rechazo y obligó a la intervención de personas que estaban en el lugar.
Un episodio similar se vivió en Parque Avellaneda, donde una joven fue demorada mientras intentaba vender ropa usada. Testigos denunciaron un accionar desproporcionado por parte de los agentes y las imágenes circularon rápidamente en redes sociales, alimentando la discusión.
Los casos reactivaron un debate de fondo: el rol de las fuerzas de seguridad frente a trabajadores informales que encuentran en la venta ambulante una forma de subsistencia. En redes, usuarios y organizaciones cuestionaron los procedimientos y reclamaron políticas públicas que aborden el problema desde una perspectiva social y no únicamente punitiva.
