Funcionarios y legisladores, en la mira por créditos hipotecarios del Banco Nación
Préstamos de hasta US$350.000 otorgados a integrantes del oficialismo desataron cuestionamientos políticos y pedidos de informes en el Congreso sobre posibles privilegios y conflictos de interés.
Un grupo de funcionarios del Gobierno nacional y legisladores oficialistas quedó en el centro de la polémica tras conocerse que accedieron a créditos hipotecarios de alto monto otorgados por el Banco de la Nación Argentina (BNA). Los datos, que surgen de registros oficiales del Banco Central, encendieron el debate político y derivaron en pedidos de explicaciones en el Congreso.
Los préstamos, que en algunos casos alcanzan o superan los US$300.000, fueron otorgados bajo líneas vigentes del banco público. Desde la entidad aseguraron que se aplicaron los mismos criterios que para cualquier solicitante y negaron la existencia de beneficios especiales.
La información comenzó a circular a partir de un relevamiento de la Central de Deudores del Banco Central, que permitió identificar a varios integrantes del oficialismo entre los beneficiarios. Entre los montos más altos aparecen nombres del equipo económico: Juan Pedro Inchauspe accedió a un crédito equivalente a unos US$350.000, mientras que Felipe Núñez obtuvo un préstamo cercano a los US$315.000. En la misma línea figura Federico Furiase, con un financiamiento de alrededor de US$276.000.
También aparecen otros funcionarios y dirigentes vinculados al oficialismo, como Emiliano Mongilardi, con más de US$200.000, y Juan Pablo Carreira, con un crédito cercano a los US$77.000.
La nómina incluye además a diputados de La Libertad Avanza, entre ellos Mariano Campero, Santiago Santurio y Lorena Villaverde, con préstamos que oscilan entre los US$200.000 y los US$240.000, además de otros legisladores con montos menores.
Desde el banco que preside Darío Wasserman insistieron en que no hubo excepciones y que todos los casos cumplieron con los requisitos de evaluación crediticia, incluido el análisis de ingresos y capacidad de pago. También remarcaron que la entidad concentra gran parte de los créditos hipotecarios del país, en parte por administrar cuentas sueldo del sector público.
Sin embargo, uno de los puntos que alimentó la discusión es la existencia de líneas específicas para empleados estatales, que permiten financiar hasta el 90% del valor del inmueble y ofrecen tasas más competitivas que el promedio del mercado. Ese esquema abrió interrogantes sobre si los funcionarios políticos deben acceder en igualdad de condiciones, teniendo en cuenta su menor estabilidad laboral.
El tema escaló rápidamente al plano legislativo. El diputado Esteban Paulón presentó un pedido de informes para que se detalle cómo se otorgaron los créditos y si existieron posibles conflictos de interés o trato preferencial.
El reclamo también apunta a la intervención de organismos de control para determinar si hubo irregularidades. En ese contexto, la discusión dejó de ser exclusivamente técnica y se instaló como un debate político más amplio sobre el acceso al crédito, la transparencia en el uso de recursos públicos y los límites en el financiamiento a personas políticamente expuestas.
