La Justicia vuelve a ordenar al Gobierno aplicar el financiamiento universitario
La Cámara ratificó la cautelar y exige aplicar la ley de financiamiento, en medio de paros, protestas y un fuerte deterioro salarial en las universidades.
La disputa por el financiamiento del sistema universitario sumó un nuevo capítulo judicial que vuelve a colocar al Gobierno nacional contra las cuerdas. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó una medida cautelar que obliga a la administración de Javier Milei (una vez más) a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, una norma sancionada por el Congreso en medio de un clima de fuerte conflictividad en las casas de estudio de todo el país.
El fallo, firmado por los jueces Sergio Gustavo Fernández y Jorge Eduardo Morán, rechazó los argumentos del Poder Ejecutivo y los ordenó cumplir de manera inmediata con puntos clave de la ley, particularmente aquellos vinculados a la recomposición salarial de docentes y no docentes, así como la actualización de becas estudiantiles. La resolución también cuestiona con dureza la postura oficial, al considerar “poco serios” algunos de los planteos utilizados para justificar la no aplicación de la norma.
En concreto, la cautelar exige que se implementen los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que establecen la actualización de salarios desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, además de la recomposición de los programas de asistencia económica para estudiantes. Se trata de un punto central en el reclamo del sistema universitario, que viene denunciando un deterioro sostenido del poder adquisitivo y una caída significativa en los recursos destinados al funcionamiento de las instituciones.
El origen del conflicto se remonta a la decisión del Gobierno de suspender la ejecución de la ley a través de un decreto, bajo el argumento de que no estaban garantizadas las fuentes de financiamiento. Sin embargo, tanto el juez de primera instancia Enrique Cormick como la Cámara coincidieron en señalar que esa medida presentaba rasgos de arbitrariedad e ilegalidad, al tiempo que remarcaron que el impacto fiscal de cumplir con la norma es limitado y no compromete el equilibrio de las cuentas públicas.
Una situación al borde del colapso
Por el contrario, los magistrados advirtieron que lo que está en juego es un derecho constitucional esencial: el acceso a la educación superior. En ese sentido, remarcaron que el incumplimiento de la ley no sólo afecta a los trabajadores del sector, sino también a millones de estudiantes que dependen del sistema público para formarse.
El fallo llega en un contexto de creciente tensión en las universidades nacionales, donde durante el último mes se multiplicaron los paros, las asambleas y las clases públicas en reclamo de mejoras salariales y mayor presupuesto. El sector educativo aparece como uno de los más golpeados por la política de ajuste impulsada por la gestión libertaria, con pérdidas acumuladas del poder adquisitivo y recortes en áreas sensibles como investigación, infraestructura y becas.
En paralelo, desde el oficialismo ya anticiparon que buscarán llevar el caso a la Corte Suprema, en un intento por revertir la medida o, al menos, dilatar su cumplimiento. Sin embargo, especialistas advierten que este tipo de resoluciones cautelares suelen quedar fuera de la competencia del máximo tribunal, lo que podría dejar al Gobierno ante la obligación de acatar lo dispuesto por la Cámara.
Mientras tanto, en el ámbito universitario crece la preocupación por el rumbo de la política educativa. Puertas adentro, se consolida la percepción de que el desfinanciamiento no es un efecto colateral, sino parte de una estrategia más amplia: tensionar al límite el funcionamiento del sistema público, deteriorar las condiciones de cursada y empujar progresivamente a estudiantes y profesionales hacia el sector privado.
No obstante, ese escenario encuentra un límite claro en la capacidad de organización y movilización del propio sistema universitario. Las masivas marchas en defensa de la educación pública (que han logrado convocar a amplios sectores sociales, atravesando edades, clases y pertenencias políticas) funcionan como un recordatorio de que cualquier intento de transformación estructural en ese terreno deberá enfrentarse a una resistencia sostenida.
Así, el fallo judicial no sólo reabre la discusión sobre el financiamiento universitario, sino que también vuelve a poner en evidencia una tensión de fondo: el choque entre una política de ajuste que busca redefinir el rol del Estado y un sistema educativo que, con fuerte respaldo social, se resiste a perder su carácter público y gratuito.
