Dos prestamistas niegan conocer a Adorni y crecen las dudas sobre la compra de su departamento
Las mujeres figuran como acreedoras de una hipoteca clave, pero negaron el vínculo, lo que profundiza las dudas sobre el origen del financiamiento del inmueble.
La trama patrimonial que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sigue acumulando interrogantes y ahora incorpora un elemento particularmente sensible: una operación inmobiliaria con características atípicas que vuelve a poner en duda la consistencia entre su discurso público y sus movimientos privados.
El foco está puesto en la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, concretada en noviembre de 2025, apenas dos semanas después de su desembarco como jefe de Gabinete. Según los registros oficiales, el inmueble fue escriturado por un valor de 230.000 dólares y quedó a nombre del funcionario y su esposa, Bettina Angeletti. Sin embargo, más allá del monto declarado, lo que encendió las alarmas fue la forma en que se financió la operación.
De acuerdo a la documentación del Registro de Propiedad, cerca del 87% del valor del inmueble, unos 200.000 dólares, fue cubierto mediante una hipoteca no bancaria otorgada por dos particulares: Beatriz Viegas y Claudia Sbabo. Es decir, la mayor parte de la compra no se realizó con ahorros propios ni con un crédito tradicional, sino a través de un esquema poco habitual en el mercado formal.
El caso se volvió aún más polémico cuando ambas mujeres, señaladas como acreedoras, negaron públicamente conocer al funcionario o haberle prestado dinero. Esa contradicción directa entre lo que figura en los papeles y lo que sostiene las sospechas sobre el origen real de los fondos y la estructura utilizada para concretar la operación.
A esto se suma otro dato llamativo: las mismas mujeres habían adquirido el departamento pocos meses antes, para luego revendérselo a Adorni financiando casi la totalidad del monto. Se trata de una modalidad inusual, que no solo escapa a las prácticas habituales del mercado inmobiliario, sino que también despierta dudas sobre si se trató de una operación genuina o de un mecanismo diseñado para encubrir otra dinámica financiera.
Distintos especialistas del sector incluso ponen en cuestión el valor declarado del inmueble. Para una unidad de casi 200 metros cuadrados con cochera en esa zona de la Ciudad de Buenos Aires, el precio informado aparece por debajo de los valores de mercado, lo que abre otro frente de interrogantes: si hubo subvaluación en la escritura, una práctica históricamente asociada a maniobras para reducir cargas impositivas o blanquear fondos.
El episodio no aparece aislado. La operación se inscribe en una serie de movimientos patrimoniales que incluyen la adquisición de una propiedad en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, y otras sospechas sobre bienes no declarados. Todo esto ya forma parte de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita y bajo la órbita del juez Ariel Lijo.
En ese contexto, la Justicia busca reconstruir la evolución patrimonial del funcionario, incluyendo propiedades, movimientos financieros y viajes, con el objetivo de determinar si existe un incremento no justificado en relación con sus ingresos declarados.
El contraste con el discurso público de Adorni es inevitable. Quien construyó su perfil político cuestionando privilegios, señalando supuestos excesos de la “casta” y adoptando un tono confrontativo frente a cualquier cuestionamiento, hoy enfrenta una serie de inconsistencias que lo obligan a dar explicaciones que, hasta el momento, evita brindar en detalle.
Lejos de disipar dudas, cada nueva revelación parece profundizar la distancia entre lo que el funcionario declama y lo que muestran los registros. Y en ese desfasaje, más que aclararse, el panorama se vuelve cada vez más difícil de sostener.
