Entre números que no cierran y propiedades en duda: Adorni, cada vez más complicado
El fiscal impulsó una causa por enriquecimiento ilícito y ordenó medidas para analizar bienes, viajes y posibles omisiones en sus declaraciones juradas.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pasó en tiempo récord de señalar los privilegios ajenos a tener que explicar los propios. Esta vez, no por declaraciones mediáticas sino por una causa judicial en su contra: el fiscal Gerardo Pollicita impulsó la acción penal para investigar un presunto enriquecimiento ilícito que pone bajo la lupa su patrimonio y movimientos financieros.
La decisión del fiscal no es menor. Aunque aún no hay una imputación formal en términos técnicos, el pedido de una batería de medidas de prueba deja en evidencia que la Justicia no termina de comprar el relato del funcionario sobre el origen de sus bienes. El expediente, que ahora está en manos del juez Ariel Lijo tras la inhibición de María Servini, busca reconstruir en detalle cómo evolucionó la situación patrimonial de quien hasta hace poco se mostraba como adalid de la transparencia.
El punto más incómodo gira en torno a un crecimiento patrimonial que, según la denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, habría sido del 500% en un solo período fiscal. Un número difícil de explicar incluso para los más creativos. A eso se suman inconsistencias entre declaraciones juradas, dinero en efectivo declarado en distintas monedas y un nivel de endeudamiento que no termina de cerrar.
Pero hay más. La investigación también apunta a una posible propiedad no declarada en el exclusivo Country Indio Cuá Golf Club, en la provincia de Buenos Aires. Según distintas fuentes citadas en la denuncia, Adorni y su pareja habrían estado vinculados a la construcción de una vivienda que, curiosamente, no figura en sus declaraciones oficiales. Un “olvido” llamativo para alguien que exige precisión quirúrgica cuando habla de los números de otros.
Como si fuera poco, el fiscal pidió rastrear absolutamente todo: desde bienes inmuebles en Provincia y Ciudad de Buenos Aires hasta movimientos migratorios, registros de aeronaves, embarcaciones y hasta préstamos familiares que habrían servido para justificar ingresos. También se requirió el acceso completo a sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción, incluidos los anexos reservados.
En paralelo, la causa no pierde de vista los viajes que ya habían generado polémica, como los realizados a Estados Unidos y Punta del Este, que ahora también forman parte del rompecabezas judicial.
Así, el funcionario que construyó su perfil público cuestionando el uso del dinero ajeno hoy enfrenta un escenario incómodo: tener que demostrar que el propio cierra. Y en ese tránsito, el discurso altanero empieza a chocar con una realidad bastante menos controlada.
