Cómo sigue la lucha docente: nuevas medidas de fuerza y tensión por la ley de financiamiento
Paros, clases públicas y reclamos por la aplicación de la ley de financiamiento marcan la escalada del conflicto en las universidades nacionales.
El conflicto en el sistema universitario suma un nuevo capítulo y lejos de encaminarse hacia una solución, escala en intensidad. Los gremios docentes anunciaron una profundización del plan de lucha ante la falta de respuestas del Gobierno nacional en materia salarial y presupuestaria.
En este marco, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) definió una semana completa de paro, a la que se sumará otra medida de fuerza entre el 27 de abril y el 1° de mayo. Además, evalúan la posibilidad de llevar adelante una movilización el próximo 23 de abril, en una señal de creciente tensión en el sector.
El eje central del reclamo gira en torno a la recomposición de los salarios, en un contexto de pérdida sostenida del poder adquisitivo. Según denuncian los sindicatos, el Ejecutivo dispuso aumentos del 2,5% en enero, 2,2% en febrero y 2% en marzo, lo que representa apenas un 6% acumulado, muy por debajo de la inflación registrada en el mismo período.
Desde los gremios advierten que la situación es crítica y que la falta de convocatoria a paritarias agrava el escenario. En ese sentido, remarcan que el deterioro salarial ya tiene impacto directo en las condiciones de vida de los docentes universitarios.
De acuerdo con un informe de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), un ayudante de primera con dedicación simple percibe actualmente $228.095 netos. Incluso en los casos de mayor carga horaria, los ingresos continúan por debajo de la línea de pobreza, que el INDEC ubicó en $1.397.672, lo que refleja la magnitud del desfasaje.
La ley de financiamiento, en el centro de la disputa
Otro de los puntos clave del conflicto es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en 2025 y respaldada por un fallo judicial favorable. Según los sindicatos, la normativa establece una recomposición salarial que permitiría recuperar lo perdido desde diciembre de 2023, con una actualización cercana al 55%.
Sin embargo, denuncian que el Gobierno no está cumpliendo con lo establecido. “En completa ilegalidad, el Gobierno desconoce una ley votada por el Congreso y respaldada por un fallo judicial favorable a su aplicación”, sostuvo Laura Carboni, secretaria general de AGD-UBA.
En paralelo, el proyecto oficial plantea una actualización salarial acotada únicamente a 2025, dejando afuera los ajustes pendientes del año anterior. Además, propone aumentos en tres tramos, marzo, julio y septiembre, y la implementación de paritarias trimestrales, aunque sin un mecanismo de indexación ligado a la inflación.
A esto se suma la falta de actualización en los gastos de funcionamiento, que incluyen áreas sensibles como hospitales universitarios y el sistema de ciencia y técnica, lo que genera mayor preocupación en la comunidad académica.
En este escenario, los sindicatos ratificaron la continuidad del plan de lucha y endurecieron su postura frente al Ejecutivo. “Aplicación ya de la ley de financiamiento universitario y recomposición del 49% del salario. No volvemos a las aulas en defensa de nuestro salario y de la universidad pública”, señalaron en redes sociales.
Además del paro, impulsan la realización de clases públicas como forma de visibilizar el conflicto y sumar apoyo social. “Por eso vamos al paro nacional en facultades y colegios dependientes de las universidades nacionales”, concluyó Carboni, en una señal de que el conflicto está lejos de resolverse.
