Protesta por discapacidad frente a la Casa Rosada terminó con incidentes y denuncias por el accionar policial
Familias, prestadores y personas con discapacidad reclamaron pagos atrasados y cuestionaron la intervención de las fuerzas de seguridad durante la manifestación.
Familiares, prestadores y personas con discapacidad realizaron este miércoles una protesta frente a la Casa Rosada, en reclamo por deudas en prestaciones y para exigir la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La jornada derivó en momentos de tensión cuando efectivos policiales intervinieron para retirar una estructura montada por los manifestantes.
El episodio, que tuvo lugar en la mañana de este miércoles, se produjo cuando los asistentes intentaron instalar un gazebo sobre la vía pública como parte de la permanencia en el lugar. En ese contexto, agentes federales avanzaron para desarmarlo, lo que generó empujones y cruces con los presentes.
“Nos tratan como perros, hermano. ¿A vos te parece justo?”, expresó uno de los manifestantes tras los incidentes, en un testimonio que reflejó el clima de la protesta. En la misma línea, otra mujer cuestionó la intervención policial y sostuvo: “No tienen humanidad”.
Según relataron participantes de la concentración, durante el operativo se registraron empujones y situaciones de tensión. “Nos agreden a nosotros. Venimos tranquilos a ver si el presidente nos escucha, pero nos manda la policía. A ella la empujaron, casi la tiraron”, afirmó otro de los presentes.
La protesta reunió a prestadores, transportistas, familiares y personas con discapacidad, quienes reclaman el pago de prestaciones adeudadas desde septiembre de 2025. Entre los puntos señalados, mencionaron atrasos en el Programa Incluir Salud y en el Programa de Atención Médica Integral (PAMI), además de la falta de financiamiento para tratamientos, traslados y servicios vinculados a la atención.
Tras los incidentes, se reforzó la presencia de efectivos de la Policía Federal Argentina y de Infantería en la zona para contener la situación.
El conflicto se desarrolla en el marco de la implementación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, reglamentada por el Gobierno en febrero de 2026 luego de un fallo judicial. La norma, sancionada en septiembre de 2025, había sido objetada por el Ejecutivo, pero el Congreso insistió en su promulgación y la Justicia ordenó su puesta en vigencia.
La reglamentación se formalizó a través del decreto 84/2026, que estableció un nuevo esquema para las pensiones no contributivas por discapacidad, con criterios de acceso, evaluaciones socioeconómicas y mecanismos de control bajo la órbita del Ministerio de Salud. Además, dispuso auditorías sobre las prestaciones y la articulación con el Consejo Federal de Discapacidad.
En este contexto, los reclamos por demoras en los pagos y la aplicación del nuevo régimen mantienen abierto un frente de conflicto entre el Gobierno nacional y los sectores vinculados a la discapacidad.
