Con Milei, más de 22 mil empresas cerraron y se profundiza la crisis productiva
Casi 300 mil empleos perdidos y un entramado productivo en retroceso, golpeado por la apertura importadora y la caída del consumo interno.
El entramado productivo argentino atraviesa uno de sus momentos más delicados en décadas, con una dinámica de cierres empresariales que lejos de desacelerarse, se consolida como una tendencia persistente desde la asunción de Javier Milei. En apenas dos años de gestión, más de 22.600 empresas dejaron de operar, configurando un escenario de contracción que impacta de lleno en el empleo, la producción y el tejido económico nacional.
De acuerdo a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), el número de empleadores con trabajadores registrados cayó de 512.357 en noviembre de 2023 a 490.419 en el mismo mes de 2025. Este retroceso no sólo refleja la desaparición de unidades productivas, sino también la pérdida de cerca de 300 mil puestos de trabajo, en un contexto donde la actividad económica muestra señales contradictorias.
Lejos de tratarse de un fenómeno aislado, la caída presenta una continuidad preocupante: se acumulan 15 meses consecutivos de bajas mensuales y 22 caídas interanuales seguidas. Solo en diciembre de 2025 se registraron 670 cierres, mientras que el total anual asciende a 10.392 empresas que bajaron sus persianas. En promedio, esto equivale a unas 30 firmas menos por día desde el inicio de la actual gestión.
El impacto golpea de manera casi exclusiva a las pequeñas y medianas empresas, que concentran el 00,63% de los cierres. Ese dato no es menor: las pymes constituyen el núcleo del empleo privado en Argentina y su debilitamiento expone la fragilidad del modelo económico vigente, que parece no contemplar herramientas de contención ni estímulo para este segmento clave.
Un modelo que no tracciona
Distintos análisis coinciden en señalar que detrás de esta contracción hay factores estructurales ligados a las políticas económicas implementadas por el Gobierno. La apertura de importaciones, en muchos casos sin mecanismos de protección para la industria local, sumada al atraso cambiario y a la fuerte caída del consumo interno, configura un combo adverso para la producción nacional. Sectores industriales denuncian una pérdida creciente de competitividad frente a productos del exterior, lo que deriva en cierres, recortes y suspensiones.
Incluso en un escenario donde algunos indicadores macroeconómicos muestran crecimiento, con una expansión estimada del 4,4% para 2025 impulsada por el agro, la minería, el petróleo y el sector financiero, ese repunte no logra traducirse en una mejora del empleo ni en una reactivación del entramado productivo. Por el contrario, el empleo registrado cayó un 1% interanual durante 2025, profundizando una tendencia que ya acumula casi 290 mil puestos destruidos desde el inicio de la gestión.
La situación industrial refuerza este diagnóstico. Más del 54% de las empresas reporta niveles de pedidos por debajo de lo normal, mientras que la utilización de la capacidad instalada se ubica en torno al 53,6%, uno de los registros más bajos desde la crisis de principios de siglo. A esto se suman crecientes dificultades financieras: casi la mitad de las firmas reconoce problemas para afrontar pagos y más de un 20% debió reducir su plantilla de personal.
El deterioro no distingue tamaño ni sector. Si bien las pymes son las más afectadas, en los últimos meses también se registraron casos emblemáticos de grandes empresas que redujeron operaciones o cerraron plantas, evidenciando la extensión del problema. La industria manufacturera, el transporte y el sector inmobiliario aparecen entre los más golpeados, en una tendencia que se replica en la mayoría de las provincias.
En términos históricos, la magnitud de la caída ya es comparable con la registrada durante la pandemia y se posiciona como la peor en los primeros 25 meses de gestión de un gobierno desde 2003. A diferencia de otros períodos críticos, el actual escenario combina ajuste fiscal, retracción del mercado interno y una apertura comercial que muchos sectores califican como “indiscriminada”.
Mientras el Gobierno sostiene que estas medidas son necesarias para ordenar la macroeconomía y sentar las bases de un crecimiento futuro, los datos actuales muestran un costo elevado en términos productivos y sociales. La falta de políticas activas de apoyo a la industria nacional, sumada a la desprotección frente a la competencia externa, profundiza un proceso de desindustrialización que, de sostenerse en el tiempo, podría dejar secuelas difíciles de revertir.
