Docentes universitarios van al paro y denuncian el mayor deterioro salarial en décadas
El paro nacional se extenderá durante una semana en universidades de todo el país, mientras denuncian salarios que perdieron más del 35% frente a la inflación.
El sistema universitario público argentino atraviesa un nuevo capítulo de conflicto con el Gobierno nacional. Este lunes comenzó un paro nacional docente que impacta en gran parte de las universidades del país y que amenaza con paralizar el inicio del ciclo lectivo en varias casas de estudio. La medida de fuerza se enmarca en un reclamo salarial y presupuestario que, según denuncian los gremios, refleja uno de los mayores deterioros del sector en décadas.
La protesta fue convocada por las federaciones docentes Conadu y Conadu Histórica, que resolvieron un cese de actividades dividido en dos tramos durante marzo: del 16 al 21 y del 23 al 30. La medida tiene alcance nacional y afecta a universidades públicas de todo el país, entre ellas las de Córdoba, La Plata, Rosario, Tucumán, el Nordeste, Salta, Entre Ríos y la Tecnológica Nacional, entre muchas otras.
En paralelo, los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) definieron avanzar con una postura aún más dura. La Asociación Gremial Docente (AGD-UBA) votó un paro por tiempo indeterminado hasta que el Gobierno aplique el aumento salarial contemplado en la Ley de Financiamiento Universitario. Esa norma, sancionada por el Congreso el año pasado, establece un incremento del presupuesto para el funcionamiento de las universidades y una recomposición salarial que los gremios consideran indispensable frente al fuerte deterioro del poder adquisitivo.
Salarios en caída libre
Según un informe difundido por el sindicato, el salario real de los docentes universitarios se encuentra en su nivel más bajo de las últimas décadas. Los datos indican que el poder adquisitivo cayó un 35,6% respecto de noviembre de 2023 e incluso se ubica por debajo de los niveles registrados en 2004. En ese contexto, desde el sector advierten que muchos trabajadores están abandonando la actividad por la imposibilidad de sostener sus ingresos.
La secretaria general de AGD-UBA, Laura Carboni, aseguró que la pérdida salarial acumulada es crítica. “Desde noviembre de 2023 perdimos el equivalente a 11,5 salarios. De cada tres meses trabajados, sólo nos pagaron dos”, afirmó. Además, explicó que los incrementos otorgados por el Gobierno quedaron muy por detrás de la inflación: “En septiembre tuvimos 4,3% de aumento, mientras que entre octubre y febrero la inflación acumulada fue del 14,2%. En enero y febrero no hubo ningún aumento”.
El conflicto se da además en el marco de una disputa más amplia por el financiamiento del sistema universitario. Rectores y autoridades académicas habían advertido que para garantizar el funcionamiento de las instituciones se necesitarían cerca de 7,2 billones de pesos en el presupuesto, pero el Poder Ejecutivo incluyó apenas 4,8 billones. A esto se suma la negativa del Gobierno a aplicar plenamente la Ley de Financiamiento Universitario, que implicaría una recomposición salarial superior al 50%.
En cambio, el oficialismo impulsa en el Congreso una modificación de la normativa vigente que reduciría el incremento salarial a alrededor de un 12%, muy por debajo de lo que reclaman los gremios. La iniciativa también busca limitar el alcance de la actualización presupuestaria, lo que fue interpretado por el sector universitario como un intento de desactivar la ley aprobada por el Parlamento.
La tensión entre el Gobierno y las universidades públicas no es nueva. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, distintos funcionarios libertarios cuestionaron con dureza a las casas de estudio, a las que acusaron de ser espacios de militancia política y de promover lo que denominan “ideología progresista”. Esa postura profundizó el enfrentamiento con el sistema universitario, que ya había protagonizado grandes movilizaciones durante 2024 en defensa del presupuesto educativo.
En las universidades advierten que el deterioro salarial también impacta en el funcionamiento del sistema. Se estima que alrededor del 10% de los docentes dejó sus cargos en el último tiempo, mientras que siete de cada diez profesores tienen dedicación simple y perciben ingresos que apenas superan los 250 mil pesos mensuales, una cifra que en muchos casos apenas alcanza para cubrir gastos básicos de transporte y materiales.
En la Universidad Nacional de La Plata, por ejemplo, el paro se extenderá durante toda la semana y se combinará con distintas actividades de protesta. El Frente Gremial Universitario convocó a una marcha de antorchas en el centro de la ciudad para visibilizar el reclamo por el financiamiento del sistema y la reapertura de paritarias.
Los trabajadores no docentes también se sumaron al plan de lucha. En su caso, realizaron un paro de 24 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo y reclamaron paritarias libres, además de advertir sobre el deterioro del poder adquisitivo y el impacto que la crisis presupuestaria tiene sobre el funcionamiento cotidiano de las universidades.
El esquema de protestas no se limitará a esta semana. Las federaciones docentes ya anticiparon que el plan de lucha continuará con nuevas semanas de paro a partir del 30 de marzo y el 27 de abril, en el marco de una estrategia de medidas progresivas durante todo el semestre.
En ese contexto, el conflicto universitario amenaza con profundizarse y volver a ocupar un lugar central en la agenda política. Desde los gremios advierten que, si el Gobierno no modifica su postura y no avanza en una recomposición salarial significativa, el sistema universitario podría enfrentar uno de los momentos más críticos desde el retorno de la democracia.
