Malena Galmarini presentó un proyecto para prohibir celulares en cárceles bonaerenses
La senadora provincial del Frente Renovador (FR) propuso impedir la tenencia de teléfonos móviles en unidades penitenciarias e instalar inhibidores de señal para evitar estafas y extorsiones organizadas desde prisión.
La senadora provincial del Frente Renovador (FR), Malena Galmarini, presentó un proyecto de ley para prohibir la tenencia y el uso de teléfonos celulares en las cárceles de la provincia. La iniciativa busca impedir la organización de estafas, extorsiones y secuestros virtuales desde unidades penitenciarias.
La propuesta establece la instalación obligatoria de inhibidores de señal en todos los establecimientos penitenciarios bonaerenses, junto con controles tecnológicos y requisas permanentes para evitar el ingreso de dispositivos móviles.
“El sistema penitenciario no puede seguir siendo una oficina desde donde se cometen delitos. Las cárceles no pueden funcionar como call centers del delito”, sostuvo Galmarini al presentar la iniciativa.
El proyecto plantea que las personas privadas de libertad no podrán poseer teléfonos celulares ni dispositivos tecnológicos que permitan comunicaciones no autorizadas. Al mismo tiempo, contempla la implementación de sistemas de comunicación supervisados para garantizar el contacto con familiares y abogados.
Basta de celulares en las cárceles. No podemos permitir más estafas, mucha gente termina perdiendo todo.
— Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) March 13, 2026
Necesitamos prohibir los celulares e inhibir las señales en los penales bonaerenses. pic.twitter.com/z4PxfgU0rW
“El que está preso tiene que cumplir la condena que le impuso la Justicia, no seguir delinquiendo desde una celda”, afirmó la legisladora.
En ese marco, Galmarini señaló que detrás de las estafas o extorsiones telefónicas hay víctimas que sufren pérdidas económicas y situaciones de angustia ante amenazas que simulan secuestros o hechos de violencia contra sus familias.
En tanto, desde el equipo de la dirigente adviertieron que “no se trata sólo de tecnología o de control penitenciario: se trata de proteger a las personas que reciben esas llamadas y que quedan atrapadas en situaciones de desesperación"; y remarcaron: "El Estado tiene que estar del lado de las víctimas”.
La iniciativa también fija un plazo máximo de 180 días para la instalación de los sistemas de inhibición de señal en las cárceles de la provincia, con el objetivo de impedir comunicaciones ilegales desde los pabellones penitenciarios.
“Cuando el delito se organiza desde las cárceles, el Estado tiene que actuar. Hoy la tecnología existe y hay que usarla para proteger a la sociedad”, concluyó Galmarini.
