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Flojísima defensa: el caso Adorni expuso las contradicciones del gobierno libertario

Los funcionarios quedaron descolocados por el escándalo y no pudieron articular argumentos válidos para bancar al jefe de Gabinete

Maximiliano Pérez
13/03/2026
Flojísima defensa: el caso Adorni expuso las contradicciones del gobierno libertario

El gobierno de Javier Milei cerró filas detrás del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras el escándalo por el viaje de la esposa del funcionario a Nueva York junto a la comitiva presidencial. Sin embargo, los argumentos ensayados para justificar el episodio resultaron débiles y contradictorios, dejando en evidencia que el caso provocó un verdadero cimbronazo dentro de La Libertad Avanza.

La primera explicación, ensayada por el propio Adorni, apuntó a una supuesta “operación kirchnerista”. Sin embargo, nadie pudo explicar cómo el kirchnerismo habría obligado a la esposa del jefe de Gabinete a subir al avión presidencial o a toda su familia a viajar a Punta del Este en un jet privado con el único objetivo de provocar un escándalo político. La explicación, sencillamente, se derrumba por su propio peso.

Luego, la diputada Lilia Lemoine apeló a lo que podría llamarse la “regla de la ensalada de frutas”. Ya sin negar los hechos, acusó al periodismo de “mezclar todo”. El intento consistió en separar dos episodios: por un lado, el viaje de la pareja del funcionario a Nueva York; por otro, el alquiler del jet privado. Según el gobierno, ese vuelo habría sido pagado por el propio Adorni, aunque el gasto no parece compatible ni con su declaración jurada ni con sus ingresos conocidos.

 

 

La frutilla del postre llegó con el periodista Marcelo Grandio, quien aseguró haber estado en ese mismo vuelo y afirmó que el viaje se pagó “con plata del Estado”.

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Desde el sector del PRO dentro del oficialismo el silencio fue casi total. Diego Santilli intentó tirarse sobre la granada, pero no pudo —o no quiso— presentar un solo argumento sólido en defensa del funcionario. Algo similar ocurrió con las llamadas “Fuerzas del Cielo” de Santiago Caputo, que optaron por una prudente retirada discursiva.

Mientras todo esto ocurría, incluso algunos medios habitualmente cercanos al gobierno intentaban despegarse del episodio. La periodista Cristina Pérez, amiga personal y ex compañera de trabajo de Adorni, fue categórica: “Cuando sos funcionario no importa que seas buena persona, tenés que dar explicaciones”.

Sin embargo, la defensa más insólita llegó del propio presidente. A través de sus redes sociales, Milei apeló al concepto económico de “costo marginal” para sostener que el viaje de la esposa de Adorni no había implicado un gasto adicional para el Estado y que, por lo tanto, las críticas responderían a una operación política.

Llevado al extremo, ese razonamiento implicaría que cualquier funcionario podría utilizar oficinas, vehículos, instalaciones o infraestructura estatal para fines personales, siempre que el gasto ya estuviera cubierto y no representara un aumento en el presupuesto del Estado. Más allá de lo discutible del planteo, la explicación tampoco aborda el episodio del jet privado ni el aspecto simbólico del escándalo.

En realidad, lo más grave no es el costo de sumar un pasajero más a un avión oficial. Lo verdaderamente problemático es el privilegio: que ese lugar lo ocupe la esposa de un funcionario y no cualquier ciudadano. Más aún cuando el propio gobierno liberal libertario se cansó de agitar banderas de transparencia. De hecho, el propio Adorni presentó hace poco una normativa que limita las comitivas presidenciales y prohíbe el uso de vehículos oficiales por parte de familiares de funcionarios.

En términos conceptuales, Milei y Adorni sufren de un caso severo de inconsistencia autorreferencial: no logran sostener en los hechos aquello que ellos mismos instalaron como principio político. Dicho de otro modo, terminan reproduciendo conductas propias de “La Casta”, según la definición que ellos mismos se encargaron de popularizar. En rigor de verdad, el problema no es que viaje la esposa del jefe de Gabinete, sino que el propio jefe de Gabinete prometió implícitamente que ese tipo de privilegios no existirían.

El caso del jet privado reviste incluso mayor gravedad, ya que podría configurar delitos como lavado de activos y/o peculado. Pero, más allá de lo judicial, el episodio revela algo más profundo: el desorden de un gobierno que se siente políticamente impune y que, cuando queda expuesto, no logra articular una explicación coherente.

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