Revocaron el desalojo de los obreros mientras el gremio busca que Kicillof se haga cargo de la empresa

La Cámara de Apelación en lo Penal y Garantías de San Isidro revocó la resolución que había ordenado el desalojo y “lanzamiento” de los trabajadores que ocupan la planta de la empresa Fate, ubicada en el partido de San Fernando, tras el anuncio del cierre de la compañía y el despido de más de 900 empleados.

La decisión fue adoptada por unanimidad por los jueces Juan Stepaniuc, Luis Cayuela y Leonardo Pitlevnik, quienes resolvieron sobre la apelación presentada por el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), Manuel Crespo.

El gremio había cuestionado la medida dispuesta por el juez de Garantías de San Isidro Esteban Rossignoli, quien a pedido del fiscal Marcelo Fuenzalida había ordenado desalojar el inmueble situado en la localidad de Virreyes.

Según había sostenido el representante del Ministerio Público Fiscal, los trabajadores ingresaron a la planta mediante “violencia y en forma clandestina”, lo que habría “turbado la pacífica e ininterrumpida posesión que detentaban sus propietarios”.

En su presentación, Crespo -representado por la abogada Liliana Alaniz- argumentó que la ocupación se produjo tras un cierre de la fábrica que calificó como intempestivo y sin notificación previa al sindicato. De acuerdo con el planteo del gremio, la empresa había asumido el compromiso de no realizar despidos hasta junio de este año.

“Ante un intempestivo cierre de la fábrica, sin notificación al sindicato y con incumplimiento de un compromiso por el cual la parte empresaria se comprometió a no despedir personal hasta junio del presente año, los trabajadores se encontraron ante un hecho unilateral”, sostuvo el dirigente sindical en el expediente.

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El sindicato definió la situación como un “lock out patronal con cierre del establecimiento y despido de la totalidad de los obreros de la empresa”, y afirmó que los trabajadores realizaron “una legítima ocupación pacífica de las instalaciones de Fate”.

Al analizar el caso, los camaristas señalaron que se trata de una causa vinculada con “la pérdida de la fuente laboral de un grupo de entre 900 y 1000 empleados”. En ese contexto, indicaron que la situación también involucra derechos constitucionales de los trabajadores.

“Más allá de lo que corresponda resolver sobre el fondo y de reconocer que el conflicto importa también una posible afectación al derecho de propiedad, también es cierto que la afectación de un derecho constitucional con relación a los trabajadores, a quienes se lanzaría del inmueble, importaría un gravamen irreparable que justifica ingresar al tratamiento del presente recurso”, sostuvieron; y señalaron que el conflicto continúa en instancia de negociación administrativa, con intervención del Ministerio de Capital Humano en un proceso de conciliación.

En ese marco, consideraron que la adopción de una medida cautelar en el ámbito penal mientras siguen las negociaciones resulta “prematura”. Por ese motivo resolvieron revocar la decisión que ordenaba el desalojo inmediato del inmueble. “Al menos por el momento, corresponde revocar la decisión en crisis en cuanto ordena el inmediato desalojo y ‘lanzamiento’ del inmueble, sin perjuicio de la adopción de las medidas de seguridad que corresponda adoptar”, indicaron en el fallo.

La planta permanece ocupada por los trabajadores desde el 19 de febrero, día en que la empresa comunicó el cierre del establecimiento.

En paralelo al proceso judicial, el Sutna presentó una propuesta ante los distintos bloques de la Legislatura bonaerense para impulsar un proyecto de ley que busque garantizar la continuidad productiva de la empresa. La iniciativa fue elaborada por asesores técnicos y legales del sindicato y surge de una resolución adoptada en asamblea por los trabajadores.

El planteo propone declarar de utilidad pública la continuidad de la producción de neumáticos y habilitar un mecanismo de “ocupación temporal” por parte del gobierno de Axel Kicillof. Según el esquema propuesto, el Estado provincial podría asumir de manera transitoria el control del directorio de la compañía con el objetivo de asegurar el funcionamiento de la planta.

Desde el sindicato señalaron que la medida permitiría sostener la fabricación de neumáticos destinados al transporte de cargas y de pasajeros, insumos que consideran estratégicos para el funcionamiento del sistema logístico y del transporte público en el país. También recordaron que durante la pandemia la producción de cubiertas fue considerada una actividad crítica por su utilización en ambulancias, fuerzas de seguridad y servicios de emergencia.

La propuesta fue puesta a disposición de los bloques legislativos para su análisis y eventual modificación, con la intención de avanzar en una norma que permita sostener la producción y preservar los puestos de trabajo asociados a la planta. Según el documento elaborado por el sindicato, la intervención estatal tendría carácter transitorio y el control de la empresa volvería al sector privado una vez que se presente un plan que garantice la continuidad de las operaciones.