La Justicia ordenó embargar a Villaverde por más de $31 millones
La diputada libertaria enfrenta un nuevo revés judicial por presuntas irregularidades en la venta de terrenos en Las Grutas. La medida alcanza cuentas y bienes por más de $31 millones.
La diputada nacional de La Libertad Avanza por Río Negro, Lorena Villaverde, vuelve a quedar en el centro de la escena judicial tras una nueva medida en su contra dictada por la Justicia rionegrina. El Juzgado Civil y Comercial N° 9 de San Antonio Oeste ordenó un embargo sobre sus cuentas y bienes por más de 31 millones de pesos en el marco de una causa vinculada a la presunta venta irregular de terrenos en el desarrollo inmobiliario “Tajamar”, ubicado en la localidad turística de Las Grutas.
La medida cautelar fue firmada por la jueza Vanessa Kozaczuk y responde a una demanda iniciada por un comprador que denunció incumplimientos en el contrato de compraventa del lote adquirido en ese emprendimiento. El demandante, Alejandro Kanjer, sostiene que comenzó a abonar cuotas desde 2020 con la promesa de que se realizarían obras de infraestructura y se avanzaría en la escrituración del terreno, compromisos que, según la presentación judicial nunca se concretaron.
En la demanda se solicita la nulidad del contrato, la devolución del dinero pagado con actualización y una indemnización por daños y perjuicios, en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor. Ante los elementos aportados, la magistrada resolvió avanzar con un embargo preventivo que alcanza cuentas bancarias, cajas de ahorro, plazos fijos, títulos públicos y privados, créditos y cualquier otro activo financiero que la legisladora posea o pueda llegar a poseer.
El monto fijado para la medida asciende a 31.549.088,95 pesos. Para su ejecución, el juzgado ordenó liberar un oficio al Banco Central de la República Argentina con el objetivo de identificar las cuentas y activos alcanzados por la cautelar. Sin embargo, la resolución estableció una excepción: los fondos provenientes del salario que percibe como diputada nacional no quedarán alcanzados por el embargo.
El nuevo revés judicial se suma a una larga lista de conflictos legales que rodean a la legisladora libertaria y que ponen en cuestión su actividad empresarial previa a su llegada al Congreso. De hecho, no es la primera causa vinculada a la comercialización de terrenos en el emprendimiento Tajamar. En diciembre pasado, el juez Santiago Morán ordenó embargar el sueldo y el medio aguinaldo de Villaverde hasta cubrir una suma cercana a los 40 millones de pesos, en una demanda impulsada por otro comprador que denunció irregularidades similares en la venta de lotes.
Además, existen otros expedientes civiles en la Justicia de Río Negro por presuntos incumplimientos contractuales vinculados al mismo desarrollo inmobiliario. En algunos de esos casos, la diputada logró cerrar acuerdos económicos extrajudiciales con compradores damnificados, que incluyeron pagos en cuotas de 12 y 10 millones de pesos respectivamente.
El historial judicial de Villaverde, sin embargo, no se limita a conflictos comerciales. Distintos medios han señalado que la dirigente fue mencionada en investigaciones vinculadas a delitos económicos, presuntas estafas inmobiliarias y hasta causas relacionadas con narcotráfico. Uno de los episodios más controvertidos de su pasado ocurrió en 2002, cuando fue detenida en Florida, Estados Unidos, en un operativo policial en el que se incautaron dos kilos de cocaína. La propia legisladora sostuvo en entrevistas periodísticas que se trató de una situación fortuita durante una redada y negó haber tenido vínculo alguno con sustancias ilegales.
Su nombre también fue vinculado públicamente a Claudio Alberto Ciccarelli, señalado como primo y presunto testaferro del empresario Federico Fred Machado, quien enfrenta procesos judiciales en Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico y estafas. Estos antecedentes han sido utilizados reiteradamente por sectores políticos y mediáticos para cuestionar la figura de la diputada dentro del espacio libertario.
El caso vuelve a encender las críticas sobre los perfiles que integran el armado político de Javier Milei y La Libertad Avanza, especialmente en un contexto donde varios dirigentes del espacio han quedado envueltos en polémicas judiciales o escándalos públicos. Mientras tanto, Villaverde deberá afrontar un nuevo proceso en la Justicia civil que podría derivar en mayores responsabilidades económicas si se comprueban los incumplimientos denunciados por los compradores de su emprendimiento inmobiliario.
