Ley de Glaciares: el oficialismo no logró apurar la reforma
Legisladores bonaerenses acompañaron el pedido opositor que forzó al Gobierno a postergar el debate. El proyecto recién podría llegar al recinto en abril y los votos están ajustados.
La reforma de la Ley de Glaciares enviada por el presidente Javier Milei sufrió un freno en la Cámara de Diputados. Tras un cambio en la hoja de ruta parlamentaria, La Libertad Avanza (LLA) aceptó convocar a dos audiencias públicas antes de emitir dictamen, lo que posterga el tratamiento en el recinto y deja en evidencia que no cuenta con los apoyos asegurados.
El giro se formalizó en el plenario de las comisiones de Ambiente y Asuntos Constitucionales. Allí, el presidente de esta última, Nicolás Mayoraz (LLA), confirmó que habrá dos jornadas de exposición: una presencial el 25 de marzo desde las 10 y otra virtual el 26. Recién en la semana del 8 de abril el oficialismo buscaría dictamen y el debate en el recinto quedaría para mediados o fines de ese mes.
La decisión se produjo cuando en los pasillos del Congreso se especulaba con un trámite acelerado, que permitiera sancionar la ley durante marzo. El cambio de estrategia implicó dejar de lado esa intención.
LEY DE GLACIARES: LO LOGRAMOS, HABRÁ AUDIENCIA PÚBLICA
— maxi ferraro ?? (@maxiferraro) March 4, 2026
El oficialismo en Diputados pretendía avanzar con un tratamiento exprés de la media sanción que modifica la Ley de Glaciares. Frente a eso, solicitamos formalmente la convocatoria a audiencia pública y hoy, en el plenario de… pic.twitter.com/TmXQefy5tw
Desde la provincia de Buenos Aires, diputados como Nicolás Massot (Encuentro Federal) y Pablo Juliano (UCR) integrantes del interbloque Provincias Unidas, acompañaron el planteo encabezado por Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.
En paralelo, la legisladora del massismo, Sabrina Selva, destacó el consenso en torno a la realización de la audiencia, pero advirtió sobre diferencias en su implementación: “Ahora hay diferencia en cómo se va a llevar. La audiencia tiene que ser pública y tiene que ser federal en virtud de la interjurisdiccionalidad de las cuencas hídricas”, dijo.
??LEY DE GLACIARES: EXIGIMOS UNA AUDIENCIA PÚBLICA, TRANSPARENTE Y FEDERAL
— Sabrina Selva (@SabriSelva) March 4, 2026
El gobierno quiere lavarse la cara porque está avanzando contra el recurso más importante de los argentinos que es el AGUA ? .
Vinieron al plenario de comisiones con el planteo de una audiencia… pic.twitter.com/vGrw1e7Y99
La necesidad de garantizar la instancia de participación pública está prevista en la normativa ambiental; puntualmente en el artículo 41 de la Constitución Nacional y en el Acuerdo de Escazú, al que Argentina adhirió en 2020.
“Este es un debate meramente constitucional y, así como estaba, la ley iba camino a judicializarse”, advirtió un diputado opositor durante las conversaciones previas. “Este es un pequeñísimo triunfo. Nosotros ganamos tiempo, pero ellos también lo tienen”, agregó.
En la oposición sostienen que la extensión del debate responde a dos factores: la paridad en el conteo de votos y el riesgo de una eventual judicialización si la norma se aprueba sin cumplir con los mecanismos de participación. En ese escenario, también se menciona la preocupación de empresas mineras que reclaman previsibilidad normativa para evitar litigios posteriores.
Mayoraz defendió el esquema acordado y afirmó: “Vamos a darle la máxima discusión, cinco minutos por orador, flexibles según la cantidad de inscriptos. Vamos a aceptar la más amplia participación, pero las opiniones no son vinculantes”.
Según estimaciones que circulan en Diputados, el oficialismo estaría apenas por encima del número necesario para aprobar la reforma, con un grupo de legisladores indecisos que podría inclinar la balanza. En el Senado, el proyecto obtuvo 40 votos, tres más que la mayoría requerida.
La iniciativa modifica la ley sancionada en 2010 que establece presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua. La reforma otorga mayor margen a las provincias para definir el desarrollo de actividades extractivas en esas zonas.
Con las audiencias confirmadas y sin los votos garantizados, el tratamiento exprés que pretendía el oficialismo quedó descartado. El debate se trasladó a abril y el resultado continúa abierto.
