Con presión externa y apuro oficial, avanza la nueva Ley de Glaciares
El oficialismo busca aprobar la reforma en Diputados para habilitar explotación en zonas periglaciares y atraer inversiones externas.
El oficialismo apura en la Cámara de Diputados el tratamiento de la reforma a la Ley de Glaciares, un proyecto que ya obtuvo media sanción en el Senado y que este miércoles comenzará a debatirse en un plenario conjunto de las comisiones de Recursos Naturales y Preservación del Ambiente y de Asuntos Constitucionales. La iniciativa, impulsada por el gobierno de Javier Milei, busca redefinir los alcances de la protección sobre el ambiente periglaciar y habilitar actividades extractivas en zonas hasta ahora vedadas, en línea con la estrategia oficial de atraer inversiones en minería e hidrocarburos.
El debate en Diputados se produce en un contexto de fuerte presión política y económica, aunque también de recientes victorias para el Gobierno dentro del Congreso. Desde la Casa Rosada deslizan que el objetivo es contar con la ley aprobada antes de fin de mes, de modo de exhibirla como señal de apertura a los mercados en el marco del “Argentina Week 2026” en Nueva York, evento al que Milei tiene planeado viajar hasta con 10 gobernadores. Para el oficialismo, la reforma es una pieza clave dentro del esquema de incentivos a grandes inversiones y forma parte del mensaje que la Argentina busca transmitir a fondos y empresas extranjeras interesadas en el litio, el cobre y otros minerales.
La modificación apunta a cambiar la redacción de la Ley 26.639, sancionada en 2010, que establece presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglaciar. El texto vigente prohíbe expresamente la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, la instalación de industrias y la realización de obras que puedan afectar la dinámica natural del hielo o la calidad del agua. Con la reforma, se mantendría la protección sobre los glaciares propiamente dichos, pero se flexibilizaría el régimen en áreas periglaciares, siempre que las provincias determine (mediante evaluación de impacto ambiental) que no se afecta una “función hídrica relevante”.
Ese cambio de criterio es el núcleo de la controversia. La ley actual protege no solo los glaciares visibles sino también formaciones periglaciares (suelos congelados, glaciares de escombros y otras estructuras que actúan como reguladores hídricos) consideradas reservas estratégicas de agua dulce. El proyecto oficial introduce una distinción que, según especialistas, podría dejar fuera de protección extensas superficies, al limitarla únicamente a aquellas formaciones cuya función hídrica sea “comprobable”.
Agua, negocios y soberanía
De acuerdo con el Inventario Nacional de Glaciares, elaborado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo dependiente del CONICET, en la Argentina existen 16.968 cuerpos de hielo que abarcan una superficie cercana a los 8.484 kilómetros cuadrados, equivalentes a 41 veces la Ciudad de Buenos Aires. La mayoría se encuentra en la Cordillera de los Andes y cumplen un rol central en la regulación de cuencas hídricas que abastecen a poblaciones enteras y sostienen actividades productivas.
Desde el ambientalismo y sectores de la oposición advierten que la reforma implica un retroceso en materia de protección ambiental y podría vulnerar el principio de no regresión consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Un grupo de diputados solicitó incluso la convocatoria a una audiencia pública para garantizar la participación ciudadana antes de avanzar con el dictamen. Argumentan que no se trata de “rocas de hielo que no sirven para nada”, como deslizaron algunos legisladores libertarios, sino de ecosistemas complejos que funcionan como reservas estratégicas de agua dulce en un país atravesado por crisis hídricas recurrentes.
También se cuestiona el traspaso de mayores facultades a las provincias para definir qué áreas proteger y cuáles habilitar a la explotación, lo que, según científicos, podría abrir la puerta a decisiones condicionadas por urgencias fiscales o acuerdos con empresas. “La definición de qué es un glaciar no puede quedar sujeta a criterios discrecionales”, alertan especialistas que defienden el actual esquema técnico del IANIGLA como garante de estándares científicos.
Mientras el sector empresario minero respalda la iniciativa y reclama reglas “más claras” para reducir la incertidumbre, en distintas provincias cordilleranas se multiplican asambleas y campañas de información para explicar el rol ambiental de los glaciares y el impacto potencial de la reforma. En juego no solo está la posibilidad de ampliar la frontera extractiva, sino la soberanía sobre recursos estratégicos y el equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental.
Con un Gobierno decidido a mostrar avances legislativos ante inversores y organismos internacionales, y con crecientes sospechas de que la reforma responde más a compromisos externos y necesidades de financiamiento que a una planificación integral del territorio, el debate en Diputados promete ser uno de los más sensibles del período ordinario. En el centro de la discusión no hay simplemente hielo: hay agua, comunidades y el modelo de país que se elige construir.
