Una protesta por la Ley de Glaciares terminó con detenciones, violencia policial y ataque a la prensa
Activistas detenidos, periodistas agredidos y críticas al operativo de seguridad durante la manifestación contra la reforma de la Ley de Glaciares.
Un grupo de activistas de Greenpeace fue detenido este jueves por la mañana tras realizar una intervención en las escalinatas del Congreso de la Nación para protestar contra la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el oficialismo. La acción, que la organización calificó como “directa y pacífica”, terminó en un violento operativo de las fuerzas federales que incluyó detenciones, golpes, gas pimiento y la agresión a trabajadores de prensa, en un episodio que vuelve a poner en discusión el accionar de las fuerzas de seguridad bajo la actual gestión nacional.
La protesta duró apenas unos minutos. Los manifestantes saltaron las rejas del Palacio Legislativo, se instalaron sobre las escalinatas sentados en inodoros y desplegaron carteles con la consigna “Senadores: no se caguen en el agua”. La intervención buscó visibilizar el rechazo a la modificación de la Ley 26.639, vigente desde 2010, que establece la protección de glaciares y áreas periglaciares como reservas estratégicas de agua dulce.
Según denunciaron desde la organización, la reforma promovida por el Gobierno implica una reducción de los estándares de protección ambiental y habilitaría el avance de actividades extractivas, especialmente vinculadas a la megaminería y los hidrocarburos. La iniciativa redefine el alcance del ambiente periglacial, delega en las provincias decisiones técnicas clave y condiciona la protección a criterios de “función hídrica demostrable”, lo que, según la advertencia de especialistas, podría introducir mayor discrecionalidad en la preservación de estos ecosistemas.
Represión y agresión a la prensa
La intervención policial fue inmediata y derivó en forcejeos, golpes y el uso de aerosol irritante. Al menos doce activistas, nueve mujeres y tres hombres, fueron detenidos bajo la carátula de “averiguación de delito” y trasladados a distintas dependencias policiales.
Sin embargo, el episodio más grave se produjo cuando efectivos de la Policía Federal redujeron violentamente a un camarógrafo del canal A24 que registraba el procedimiento. El trabajador fue arrojado al piso, golpeado, rociado con gas pimienta y posteriormente trasladado esposado al hospital Ramos Mejía con lesiones en el rostro. Otros periodistas que cubrían la manifestación también resultaron afectados por el operativo.
"Antonio Laje":
— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 26, 2026
Por la detención de un camarógrafo de A24 durante las protestas en el Congreso pic.twitter.com/jjzS0JNWIy
El caso recordó inevitablemente el del fotoperiodista Pablo Grillo, quien resultó gravemente herido tras ser impactado por un cartucho de gas lacrimógeno en otra cobertura de protesta. Tras múltiples intervenciones quirúrgicas por la pérdida de masa encefálica, su estado de salud continúa con severas secuelas, en un episodio que se convirtió en símbolo del debate sobre el uso de la fuerza y la responsabilidad estatal.
Silencios y responsabilidades políticas
En medio de la controversia, llamó la atención el silencio de la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien no emitió declaraciones públicas sobre lo ocurrido. En su lugar, quien brindó explicaciones ante los medios fue la senadora nacional y ex titular de esa cartera, Patricia Bullrich, actualmente jefa del bloque oficialista en la Cámara alta.
Bullrich confirmó que se inició un sumario interno contra el efectivo involucrado, al considerar que su conducta fue “reprochable”, aunque también sostuvo que el incidente ocurrió cuando el camarógrafo intentó acercarse a la zona de detención de los manifestantes, una versión que fue desmentida por los periodistas presentes.
“Si se abre un sumario a un miembro de la Policía Federal es porque el accionar no ha sido el que debe realizar”, afirmó la legisladora, quien además se desligó del operativo al recordar que ya no ocupa el cargo de ministra. No obstante, sus declaraciones volvieron a colocarla como principal vocera política del área de seguridad, en medio de cuestionamientos sobre quién conduce efectivamente las decisiones en esa materia.
La apertura de un sumario administrativo contra el agente involucrado en la agresión al camarógrafo aparece, por el momento, como la única respuesta institucional frente al operativo. Sin embargo, antecedentes recientes alimentan el escepticismo sobre el alcance real de este tipo de investigaciones internas, que rara vez derivan en sanciones de fondo.
Mientras tanto, el episodio suma un nuevo capítulo a la creciente tensión entre el Gobierno, los movimientos sociales, el periodismo y las organizaciones ambientales, en un contexto en el que el debate por los recursos naturales, la seguridad y las libertades públicas se vuelve cada vez más áspero.
La sesión del Senado definirá el futuro de la Ley de Glaciares, pero lo ocurrido en las escalinatas del Congreso dejó otra discusión abierta: la del límite entre el orden público y el uso de la fuerza estatal, y el lugar que ocupan la protesta social y el trabajo periodístico en la Argentina actual.
