El buen gesto del Gobierno Bonaerense a la AFA
La provincia validó el domicilio de la AFA en Pilar y frustró el intento del Gobierno Nacional de revisar los estados contables de la institución encargada del fútbol argentino.
La pulseada por el control institucional de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) escaló en las últimas horas a un plano abiertamente político. Mientras el Gobierno nacional avanzó con un pedido de veedores para revisar los estados contables de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia, la administración bonaerense reconoció formalmente su domicilio en Pilar y cerró el cambio de jurisdicción, desplazando a la Inspección General de Justicia (IGJ) del rol de contralor.
La decisión del gobierno de Axel Kicillof quedó plasmada en una resolución de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ), que validó la sede social de la AFA en la calle Mercedes 1366, en el partido de Pilar, y dio por concluido el trámite de reforma estatutaria aprobado por la Asamblea del 17 de octubre de 2024. Con ese acto, la Provincia asumió la fiscalización exclusiva de la entidad.
El movimiento tuvo impacto inmediato: se conoció apenas horas después de que la IGJ, dependiente del Gobierno nacional, solicitara la designación de veedores ante la falta de presentación de documentación contable. Desde Nación aclararon que no se trata de una intervención, sino de una medida de control legal. Sin embargo, la AFA y la Provincia interpretan que la IGJ ya no tiene competencia tras el cambio de jurisdicción.
La controversia sumó un elemento sensible: inspectores de organismos nacionales habían constatado que en el domicilio declarado no funciona ninguna oficina administrativa y describieron el lugar como un terreno baldío. Aun así, la DPPJ avanzó con la inscripción, priorizando el acto registral por sobre la verificación física.
El trasfondo excede lo administrativo. La disputa se inscribe en la tensión política entre la Nación y la Provincia, con la AFA como escenario de un conflicto por el control de recursos, balances y poder simbólico. La administración bonaerense refuerza una lectura federal del caso y respalda a la conducción de Tapia.
Si la IGJ insiste con los veedores y la Provincia desconoce esa facultad, el próximo capítulo podría trasladarse a la Justicia.
