Gobernadores peronistas traicionaron a los trabajadores y apoyaron la reforma
A pesar de argumentar en contra de la reforma y de hablar del "fracaso" del gobierno de Milei, los varios diputados peronistas levantaron la mano para darle un triunfo al gobierno
La aprobación en la Cámara de Diputados de la controvertida “reforma laboral” impulsada por el presidente Javier Milei y su coalición oficialista no solo fue un golpe directo a los derechos de los trabajadores de Argentina. Fue también la confirmación de una traición política por parte de gobernadores peronistas que, en el momento crucial, ayudaron al Gobierno a garantizar quórum y allanaron el camino para que esa iniciativa regresiva continúe su curso legislativo.
Lo que más alarma no es únicamente que el oficialismo encontró apoyo entre sus aliados tradicionales del PRO, la UCR y el MID. Lo grave es que voces del peronismo y gobernadores que históricamente han proclamado defensa de la justicia social también pusieron su respaldo, directa o indirectamente, para que la sesión saliera adelante.
Entre los gobernadores peronistas que facilitaron el quórum están Osvaldo Jaldo de Tucumán, cuyos diputados del bloque Independencia allanaron el camino político para abrir la sesión; Raúl Jalil de Catamarca, aportó tres representantes que llamativamente en sus discursos argumentaron en contra de la reforma pero luego la votaron a favor. Al similar pasó con los diputados de Innovación Federal que responden al gobernador salteño Gustavo Sáenz, y los cuatro que siguen al misionero Mario Pasalacqua.
Lejos de ser una simple “modernización” -de hecho de modernización no tiene absolutamente nada-, el proyecto aprobado en Diputados contiene medidas que socavan derechos laborales fundamentales. Por ejemplo habilita extender la jornada laboral hasta 12 horas diarias, debilitando la protección del tiempo de descanso y poniendo en riesgo la salud y la calidad de vida de los trabajadores.
Además, reduce el cálculo real de las indemnizaciones por despido, al excluir componentes como aguinaldo y premios extraordinarios, y limitarla con topes que perjudican al trabajador despedido.
Quizá una de las modificaciones mas polémicas es el límite al derecho de huelga, imponiendo servicios mínimos obligatorios y condicionando la organización de asambleas en los lugares de trabajo. De esta manera los trabajadores ya no tendrán derecho pleno a realizar medidas de fuerza para reclamar mejoras salariales, evitar despidos o exigir mejores condiciones de trabajo.
Los acuerdo colectivos dejarán de existir, priorizando acuerdos por empresa o región, lo que fragmenta la fuerza de los sindicatos y debilita la capacidad de negociación de los trabajadores. La falacia del oficialismo sostiene que cualquier empleado puede negociar de igual a igual con el empresario, que ahora lo puede despedir mas fácil, con menos costos y sin que ni siquiera se pueda configurar una conducta malisiosa si la hubiera.
La votación no se dio en un vacío político, sino en un contexto de amplio rechazo social y sindical. La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una huelga general en todo el país, con una adhesión masiva, para protestar contra esta reforma que consideran un ataque directo a los derechos laborales.
Las manifestaciones frente al Congreso no fueron meramente pacíficas: hubo tensos enfrentamientos y desmanes en las inmediaciones del edificio, reflejo del profundo descontento popular que esta iniciativa despertó entre trabajadores, sindicatos y amplios sectores de la sociedad en general.
Lo que se consumó en la madrugada del viernes en la Cámara de Diputados no fue solo una votación legislativa más. Fue un momento en el que gobernadores que deberían representar los intereses de los trabajadores, que fueron elegidos con la promesa de hacerlos, priorizaron acuerdos políticos por sobre la defensa de derechos históricos, abriendo la puerta a un proyecto que reduce protecciones, limita libertades sindicales y fragmenta la fuerza colectiva de los trabajadores argentinos.
