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CGERA: "Cuando las empresas grandes empiezan a crujir, las PYMES se apagan como una vela"

La Confederación General Empresaria de la República Argentina expresó “angustia y alarma” por la situación productiva y reclamó la participación de jueces en la discusión de reforma laboral en Diputados.

Andrea Lazaro
19/02/2026
CGERA: ”Cuando las empresas grandes empiezan a crujir, las PYMES se apagan como una vela”

La Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), que nuclea a pequeñas y medianas empresas con fuerte presencia en la provincia, manifestó su preocupación por el escenario que atraviesa el sector productivo y por el tratamiento de la Ley de Modernización Laboral en la Cámara de Diputados sin la participación de jueces laborales.

Desde la entidad señalaron que observan “con profunda angustia y alarma el proceso de desmantelamiento productivo que atraviesa nuestro país” y advirtieron que la industria nacional “no solo sufre la caída del consumo, sino un desprecio ideológico desde la máxima conducción del Estado”.

En ese marco, hicieron referencia al cierre de la empresa FATE y sostuvieron que “no es un hecho aislado; es una señal de alerta sobre la inviabilidad de producir bajo las condiciones actuales”.

Asimismo, alertaron sobre las disputas públicas del Ministerio de Economía, que conduce Luis "Toto" Caputo, con la firma TN Platex y cuestionaron el vínculo del Gobierno nacional con el grupo Techint.

Desde CGERA indicaron que, si bien “los sectores concentrados o monopólicos requieren controles claros para evitar distorsiones”, el Estado “tiene la obligación de cuidar el ecosistema industrial”. Y agregaron: “Si quienes poseen espalda y escala hoy enfrentan estas dificultades, la situación de las PYMES es terminal. Si los gigantes se hunden, las pequeñas empresas perdemos nuestro horizonte de supervivencia”.

Respecto de la realidad de las pequeñas y medianas empresas, la entidad sostuvo que muchos establecimientos no cesan su actividad “simplemente porque no cuentan con el capital necesario para afrontar los costos de despido”. En ese sentido, describieron que se trata de “un final silencioso” en el que “las PYMES se apagan como una vela que se queda sin oxígeno”.

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La organización también cuestionó el esquema de importaciones y el impacto en la industria y el comercio. Según expresaron, el comerciante local “se encuentra desprotegido frente al avance de plataformas y apps chinas que operan sin las cargas, impuestos ni regulaciones que se nos exigen a quienes invertimos en el país”.

Además, plantearon que mientras “las potencias globales refuerzan sus barreras y sostienen sus industrias para proteger el empleo local”, en Argentina “la producción es tratada como un estorbo” y afirmaron que “no se puede gestionar con éxito aquello que no se valora”.

En relación con el debate legislativo sobre la reforma laboral, CGERA cuestionó que en las exposiciones ante la comisión de Diputados no se haya convocado a jueces laborales. “Para nosotros era indispensable que se los convoque para evitar incertidumbre de cómo será interpretada y aplicada”, indicaron.

Desde la entidad señalaron que el derecho laboral es tutelar, pero advirtieron sobre lo que consideran un desvío en la función judicial. “Cuando un juez asume que su rol es ‘defender’ a una de las partes, rompe el pilar fundamental de su función: la imparcialidad. Un juez no es un militante de una causa, sino un árbitro técnico”, sostuvieron.

También plantearon que “la justicia no es justa si se basa en prejuicios en lugar de evidencias” y cuestionaron lo que definieron como una inversión de la carga de la prueba en el ámbito laboral. “La Constitución es clara: la presunción de inocencia es un mandato universal”, afirmaron, y agregaron que en los tribunales laborales “el empresario suele ser ‘culpable’ hasta que demuestre lo contrario”.

Por último, consideraron que la modernización laboral “no solo debe pasar por nuevos textos legales, sino por una profunda autocrítica del sistema judicial” y concluyeron que las PYMES necesitan “reglas claras y la certeza de que el encargado de aplicar la ley no se convertirá en nuestro adversario antes de que empiece el juicio”.

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