La CGT definiría un paro tras meses de inacción ante el ajuste de Milei
Las reacciones contra el proyecto de "Modernización Laboral" que aprobó el Senado parecen haber despertado a la cúpula de la central obrera
La Confederación General del Trabajo (CGT) se reunirá este lunes a las 11 en un encuentro virtual convocado con carácter de urgencia para definir si avanza con un paro general en rechazo a la Reforma Laboral impulsada por el presidente Javier Milei. El proyecto, que ya obtuvo media sanción en el Senado, comenzará a debatirse esta semana en la Cámara de Diputados, en una instancia decisiva para su eventual aprobación.
La convocatoria fue impulsada por los cotitulares de la central obrera —Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio)— y se da en un clima de creciente presión interna. “Están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”, había advertido días atrás Jerónimo, anticipando un posible cambio de estrategia.
El posible paro marcaría un giro en la actitud de la conducción cegetista. Desde el inicio del gobierno libertario, la cúpula sindical mantuvo una postura más bien prudente y, en varios momentos, llamativamente pasiva frente a reformas y medidas económicas que implicaron retrocesos en materia laboral y salarial. En ciertos tramos del debate público, incluso pareció acompañar —o al menos no confrontar abiertamente— iniciativas que apuntaban a flexibilizar derechos históricos.
Esa actitud generó cuestionamientos desde sectores gremiales más combativos y desde parte de la base trabajadora, que reclamaban una reacción más firme ante lo que consideran una ofensiva estructural contra el mundo del trabajo. El avance concreto del proyecto en el Congreso parece haber acelerado los tiempos y forzado una definición.
Los puntos que generan mayor rechazo
La central obrera sostiene que la iniciativa constituye “un proceso de ley regresivo”, con una orientación ideológica contraria a los derechos colectivos e individuales. Entre los aspectos más cuestionados figuran:
- Cambios en el régimen de indemnizaciones.
- Modificaciones en la jornada laboral.
- Reformulación del derecho a huelga.
- Alteraciones en el esquema de vacaciones.
- Nuevas disposiciones sobre licencias por enfermedad o accidentes no laborales.
En particular, el capítulo referido a las licencias médicas despertó fuertes críticas. Desde la CGT advierten que su redacción podría implicar que trabajadores con patologías graves perciban solo una parte de sus ingresos durante períodos de inactividad, lo que consideran “uno de los puntos más sensibles” del debate.
La discusión se da en un escenario económico complejo: caída del poder adquisitivo, aumento del desempleo en algunos sectores, cierre de pequeñas y medianas empresas y un marcado deterioro del consumo. Desde la conducción sindical cuestionan el argumento oficial de que la reforma generará empleo. Sostienen que no existen evidencias de que la flexibilización laboral por sí sola dinamice el mercado de trabajo y afirman que el proyecto busca “compensar el fracaso del plan económico” trasladando el costo a los trabajadores.
Al mismo tiempo, la CGT aclara que no se opone a discutir una modernización laboral, pero insiste en que cualquier actualización normativa debe surgir de una negociación equilibrada entre trabajadores y empleadores, algo que —según denuncian— no ocurrió en este caso.
De concretarse, el paro podría realizarse el mismo día en que comience el tratamiento en Diputados —probablemente el miércoles 18 o jueves 19— y marcaría el inicio de un plan de acción en etapas. La decisión final será adoptada por el Consejo Directivo, órgano colegiado que reúne a las organizaciones sindicales confederadas.
El escenario abre interrogantes políticos. Un paro general implicaría el primer gesto de confrontación abierta de la CGT frente al Gobierno en esta nueva etapa legislativa, y podría tensar aún más el vínculo entre la Casa Rosada y el sindicalismo. También pondrá a prueba la capacidad de movilización real de la central, tras meses de moderación y negociaciones reservadas.
Con la Reforma Laboral a punto de ingresar al tramo decisivo en Diputados, la CGT enfrenta una definición estratégica: sostener un perfil institucional o asumir el liderazgo de un conflicto social que podría escalar en las próximas semanas. La resolución que adopte no solo incidirá en el debate parlamentario, sino también en el clima político y social de un país atravesado por fuertes tensiones económicas.



