Las dos caras de la protesta: de sospechas de infiltrados a la denuncia por terrorismo
El operativo frente al Congreso desató denuncias cruzadas: presentaron una causa contra Alejandra Monteoliva y el Gobierno habló de terrorismo.
El operativo de seguridad desplegado en las inmediaciones del Congreso durante la movilización contra la reforma laboral abrió un nuevo frente de tensión política y judicial, con acusaciones cruzadas entre el Gobierno nacional y sectores opositores. Mientras desde el oficialismo denuncian un intento de “terrorismo” organizado para desestabilizar el orden institucional, una presentación judicial cuestionó el accionar de las fuerzas de seguridad y plantea sospechas sobre la presencia de infiltrados.
La controversia se desató tras los incidentes registrados el miércoles 11 durante la protesta, que derivaron en defensa de detenciones, enfrentamientos y un fuerte despliegue policial. El episodio dejó dos interpretaciones enfrentadas: por un lado, la denuncia contra el operativo estatal; por otro, la ofensiva del Ejecutivo contra quienes participaron de los disturbios.
Denuncia contra el operativo de seguridad
Un abogado presentó una denuncia penal contra la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, por el procedimiento desplegado durante la movilización. La presentación judicial, realizada por Leonardo Hernán Martínez Herrero, apunta a un presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y alcanza también a los responsables del dispositivo que involucró a fuerzas federales y locales.
El eje del planteo se centra en la actuación de un grupo reducido de manifestantes, siete personas, que, según la denuncia, arrojaron piedras y lanzaron bombas molotov contra los vallados. El escrito sostiene que los involucrados actuaban coordinadamente, con mochilas, capuchas y cascos, y permanecieron durante varios minutos visibles y aislados del resto de los manifestantes sin ser detenidos.
“Resulta sumamente sospechoso que, siendo un grupo reducido de siete personas, completamente aisladas del resto, no hayan sido detenidas de inmediato”, señaló el Letrado, quien también cuestionó que los camiones hidrantes y los gases lacrimógenos no se dirigieran directamente hacia ese sector.
El operativo dejó cerca de un centenar de demorados y alrededor de 30 arrestos, aunque la mayoría de los detenidos fue liberada posteriormente por falta de imputaciones concretas. Algunos procedimientos, según se indicó, se realizaron incluso a varias cuadras del lugar de los incidentes.
Los que armaron las molotov a cielo abierto no figuran entre los detenidos. pic.twitter.com/kswqhoX1lI
— dolomas ? (@dolomas) February 12, 2026
Desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), su fundadora María del Carmen Verdú cuestionó el procedimiento y sostuvo que en este tipo de operativos suele aplicarse la orden de “detenciones a discreción”, lo que, según explicó, implica que la cantidad de arrestos responde a decisiones políticas más que a responsabilidades individuales.
La respuesta del Gobierno y la denuncia por terrorismo
Desde el Ejecutivo nacional rechazaron estas acusaciones y confirmaron que impulsarán una denuncia por terrorismo contra los responsables de los incidentes. La ministra Monteoliva sostuvo que los hechos superaron el marco de una protesta tradicional y describió la presencia de elementos peligrosos entre los manifestantes.
“Gente con bidones de nafta y bombas Molotov en la mochila, bulones para tirar con gomera, palos de bandera convertidos en lanzapalos. ¿Cómo se llama eso? Eso es violencia extrema con la intención de desestabilizar”, afirmó la funcionaria.
La titular de la cartera de Seguridad sostuvo que el Ejecutivo avanzará con una presentación ante la Justicia federal bajo la figura prevista en la Ley Antiterrorista N° 26.734 y remarcó que los disturbios constituyeron “un acto de terrorismo”.
La funcionaria también rechazó las versiones sobre la presencia de infiltrados y aseguró que “es un disparate pensar que el Gobierno genere ese tipo de situaciones”, al tiempo que sostuvo que todo el accionar oficial se encuentra documentado.
De acuerdo con el balance oficial, más de setenta personas fueron detenidas y siete efectivos resultaron lesionados. La investigación quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Este, encabezada por la fiscal Malena Mercuriali, quien analiza imágenes y registros para identificar a los involucrados.
Así, el episodio dejó expuesta una fuerte disputa política y judicial sobre lo ocurrido durante la protesta. Mientras el Gobierno sostiene que se trató de una acción violenta organizada para generar caos institucional, sectores opositores cuestionan el accionar de las fuerzas de seguridad y denuncian irregularidades en el operativo.
