El Gobierno bonaerense impulsa un sistema progresivo para el uso productivo del agua
La medida fija una tarifa progresiva según el uso del recurso, alcanza a sectores productivos y busca incentivar la eficiencia y el cuidado del agua en la provincia.
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó la aprobación del Decreto 3233/25, mediante el cual se actualiza la fórmula de cálculo del canon por el uso y explotación del agua. La medida, implementada a través de la Autoridad del Agua (ADA), busca adecuar el valor del recurso a las condiciones reales de uso y promover un esquema más eficiente y quietativo para su gestión.
Según precisaron desde el Poder Ejecutivo, la modificación alcanza exclusivamente a usuarios no domiciliarios que utilizan el recurso con fines productivos o en desarrollos urbanísticos privados, mientras que los hogares particulares quedan excluidos del nuevo esquema.
Desde el Gobierno señalaron que “con esta actualización, se avanza hacia un sistema más ordenado y transparente, que reconoce la diversidad de realidades productivas y territoriales fortaleciendo la gestión pública del agua”. Además, destacaron que la iniciativa apunta a reducir márgenes de discrecionalidad en la fijación de valores y ajustar el cobro al uso efectivo y al impacto real sobre el recurso.
El nuevo modelo reemplaza criterios uniformes por una fórmula que incorpora parámetros técnicos y ambientales. Entre las variables consideradas figuran el caudal declarado, la fuente de extracción, superficial o subterránea, el tipo de usuario, el factor de retorno, la disponibilidad hídrica regional y la magnitud de los emprendimientos. De esta manera, se establece un esquema diferenciado que impacta con mayor intensidad en los grandes usuarios y contempla las distintas características productivas y territoriales.
En ese sentido, la normativa introduce una estructura tarifaria progresiva, en la que los mayores volúmenes de extracción enfrentarán costos marginales crecientes, con el objetivo de incentivar la eficiencia hídrica, fomentar el reúso del recurso y desalentar prácticas de sobreexplotación. Asimismo, quienes utilicen fuentes más vulnerables o presenten menores tasas de reintegro del agua afrontarán una valorización más elevada.
El sistema también prevé incentivos para promover conductas responsables en el uso del recurso. Los usuarios que reintegren un mayor porcentaje de agua al sistema sin alteraciones significativas en su calidad o que instalen medidores de caudal en sus sistemas de captación podrán acceder a reducciones en la carga tarifaria.
Desde la ADA explicaron que “este modelo reconoce la heterogeneidad en los patrones de consumo y en los impactos asociados, evitando la aplicación de precios homogéneos que no reflejan el costo ambiental ni la presión diferencial sobre las fuentes hídricas”. Además, sostuvieron que la medida “constituye un mecanismo regulatorio orientado a la eficiencia económica y ambiental en la gestión del agua”.
El universo alcanzado por el decreto incluye industrias manufactureras, establecimientos agropecuarios que utilizan grandes volúmenes para riego o producción ganadera, centrales energéticas, explotaciones mineras, desarrollos urbanísticos privados, grandes comercios y prestadoras del servicio de agua. En estos casos, el recurso se destina a procesos económicos que implican extracción directa de cursos superficiales o perforaciones sobre acuíferos, con distintos niveles de impacto sobre el sistema hídrico.
Los recursos generados a través del canon se destinan al sostenimiento de tareas de medición, planificación, monitoreo y control que realiza la ADA, consideradas fundamentales para garantizar la disponibilidad y calidad del agua a largo plazo. La implementación del nuevo esquema será gradual, con el objetivo de facilitar la adaptación de los sectores alcanzados.
Desde el Ejecutivo provincial indicaron además que la actualización se inscribe en la política de uso racional del agua, en línea con el Código de Aguas y el principio constitucional de dominio provincial sobre los recursos naturales, redefiniendo el canon no sólo como un instrumento recaudatorio sino también como una herramienta de gobernanza orientada a la sostenibilidad.
El canon por uso del agua fue establecido en el marco del Código de Aguas (Ley 12.257), que fijó el principio de que el uso productivo de un recurso hídrico de dominio público debía implicar una contraprestación económica. Sin embargo, su aplicación fue limitada durante años y recién comenzó a instrumentarse con mayor alcance desde 2013, durante la gestión de Daniel Scioli, lo que generó debates y cuestionamientos por parte de sectores empresariales respecto de su impacto en los costos productivos.
