Otro atajo para los dólares del colchón: cómo funciona el nuevo régimen de “inocencia fiscal”
Con menos controles patrimoniales y cambios penales, el Gobierno impulsa un régimen permanente para bancarizar ahorros no declarados y sumar dólares al sistema.
El Gobierno nacional reglamentó este lunes la Ley de Inocencia Fiscal, sancionada en diciembre, y puso en marcha un nuevo esquema tributario que redefine de manera profunda el vínculo entre el Estado y los contribuyentes. La medida, formalizada a través del Decreto 93/2026 publicado en el Boletín Oficial, apunta a incentivar el ingreso al circuito formal de ahorros no declarados, incluidos los denominados “dólares del colchón”, mediante una drástica reducción de los controles sobre el origen del patrimonio.
La reglamentación activó el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) y limitó de forma explícita el alcance de las fiscalizaciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). A partir de ahora, el organismo solo podrá controlar los ingresos declarados y las deducciones admitidas, quedando excluidos de análisis la evolución patrimonial, los consumos personales y los depósitos bancarios. El nuevo esquema se apoya en una presunción de exactitud de lo declarado: si el contribuyente presenta y paga el impuesto en tiempo y forma, se activa un “tapón fiscal” que bloquea revisiones administrativas y penales sobre períodos anteriores.
Desde el propio organismo recaudador defendieron el cambio de paradigma con un discurso político explícito. “Con la Ley de Inocencia Fiscal se deja atrás un régimen persecutorio. Décadas de cepo cambiario, alta inflación, volatilidad y un sistema tributario asfixiante empujaron a millones de argentinos a la informalidad y la evasión”, sostuvo la ARCA en un comunicado oficial, y agregó que la norma “le devuelve la libertad a los argentinos de usar su dinero sin darle explicaciones a nadie”.
Un régimen amplio y voluntario
El Régimen Simplificado de Ganancias es de adhesión voluntaria y está dirigido a personas humanas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones, siempre que no estén categorizadas como Grandes Contribuyentes Nacionales. La verificación de estos requisitos se realizará considerando el período fiscal de adhesión y los dos anteriores, sin acumular montos entre ejercicios. Quedan excluidos del esquema los grandes contribuyentes, un universo estimado en unas 900 personas.
Dentro del régimen, la ARCA pondrá a disposición una Declaración Jurada Simplificada precargada, que el contribuyente podrá aceptar o modificar. El pago en término del impuesto, o la adhesión a un plan de facilidades dentro del vencimiento, tendrá efecto liberatorio respecto del Impuesto a las Ganancias del período fiscal base, otorgando previsibilidad y cerrando la puerta a futuras revisiones, salvo en casos excepcionales.
La normativa define como “discrepancia significativa” una diferencia superior al 15% del impuesto determinado, la superación de los umbrales del Régimen Penal Tributario o la utilización de facturas apócrifas, sin importar el monto involucrado. En todos los casos, la carga de la prueba queda a cargo del organismo recaudador.
Dólares no declarados y controles mínimos
Uno de los puntos más sensibles de la reglamentación es el tratamiento de los fondos no declarados. Para operar dentro del régimen, el dinero deberá ingresar al sistema financiero, ya sea en el origen o en el destino de la operación. Los fondos podrán depositarse en la cuenta del contribuyente o transferirse directamente al vendedor. Se mantiene, además, la excepción para la compra de inmuebles, que podrá seguir realizándose en efectivo.
En paralelo, se elevaron los umbrales de información bancaria: las operaciones de hasta $10 millones mensuales no generarán reportes automáticos a la ARCA. Desde el Gobierno sostienen que estas modificaciones buscan facilitar el uso de ahorros acumulados fuera del sistema y dinamizar la actividad económica. El Ministerio de Economía estima que aún existen cerca de USD 170.000 millones fuera del circuito formal.
Sin embargo, especialistas y tributaristas advirtieron sobre los riesgos del esquema. En redes sociales, la cuenta especializada Blog del Contador señaló que, “a grandes rasgos, mediante esta opción, ARCA no podría revisar incrementos patrimoniales no justificados, habilitando así el uso de dinero o bienes no declarados anteriormente”.
La reglamentación también introdujo modificaciones de fondo en el Régimen Penal Tributario. El umbral de evasión simple se elevó a $100 millones y el de evasión agravada a $1.000 millones. Además, el plazo de prescripción de los delitos tributarios se redujo de cinco a tres años. Según explicó la ARCA, esto implica que quienes se inscriban en el RSG en los próximos meses no podrán ser investigados por hechos anteriores a partir de 2029.
En la misma línea, el organismo sostuvo que evadir “ya no va a ser un delito penal” en determinados supuestos, ya que “quien incumpla y sea notificado, podrá resolverlo pagando su deuda sin necesidad de afrontar una causa penal”. Se habilitó, además, un mecanismo de regularización voluntaria que permite extinguir la acción penal mediante el pago del capital, los intereses y una multa adicional.
En materia de sanciones administrativas, las multas de la Ley de Procedimiento Fiscal fueron actualizadas en un 100.000%, aunque se modificó el criterio de aplicación. El ARCA deberá enviar primero un recordatorio previo, otorgando entre 10 y 15 días hábiles para regularizar la situación antes de avanzar con una intimación formal. También podrá graduar las sanciones según la gravedad del incumplimiento, con un tratamiento diferencial para pymes y una reducción del 50% si la regularización se realiza dentro del plazo establecido.
Monotributistas y lo que viene
Desde la ARCA aclararon que los monotributistas que deseen ingresar dólares al sistema deberán adherir previamente al Régimen Simplificado de Ganancias. De lo contrario, quedarán expuestos a fiscalizaciones. En el organismo confían en que una parte significativa de este segmento optará por regularizar su situación, alentado por el nuevo marco de baja exigencia en materia de controles patrimoniales.
La reglamentación llega tras semanas de tensión con entidades bancarias y otros sujetos obligados, que reclamaban mayor precisión normativa ante el impacto del régimen en los controles de prevención de lavado. En los próximos días, la ARCA prevé publicar resoluciones generales complementarias para ajustar la operatoria.
Con este esquema, el Gobierno apuesta a que el blanqueo deje de ser una medida excepcional y se transforme en un mecanismo permanente. En un contexto de escasez de divisas, múltiples blanqueos ya implementados y una creciente dependencia del endeudamiento externo, la estrategia oficial parece orientada a un objetivo urgente: hacer entrar dólares como sea, aun al costo de resignar controles sobre su origen y de consolidar un sistema donde, hacia atrás, casi todo queda perdonado y, hacia adelante, solo importa lo que se declare y se pague.
