La Justicia procesó a Diego Spagnuolo en la causa por corrupción en la Andis
El ex titular del organismo fue procesado junto a otros imputados por asociación ilícita, cohecho y fraude en contrataciones vinculadas a prestaciones.
La causa por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad se convirtió definitivamente en uno de los episodios más demoledores para el gobierno de Javier Milei. La Justicia federal procesó al ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, junto a otras 18 personas, en una investigación que expone un entramado de coimas, sobreprecios y negociados privados montados sobre un área sensible del Estado, destinada a la protección de personas con discapacidad.
La resolución fue dictada por el juez federal Sebastián Casanello, con la intervención del fiscal Franco Picardi, quienes imputaron a los acusados por los delitos de asociación ilícita, defraudación contra la administración pública, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Para el magistrado, no se trató de hechos aislados, sino de una estructura organizada que operó de manera sistemática dentro del organismo.
Entre los procesados figuran Daniel Garbellini, quien se desempeñaba como segundo de Spagnuolo en la Andis, y Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, ambos con vínculos directos con droguerías que resultaron beneficiadas en las contrataciones. Según la investigación judicial, Spagnuolo y estos funcionarios habrían actuado como presuntos jefes de una asociación ilícita que direccionó licitaciones y avaló sobreprecios millonarios.
En el fallo, Casanello fue contundente al describir el funcionamiento interno del organismo: “La Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”.
El juez sostuvo que funcionarios y empresarios conformaron “una organización criminal” que obtuvo “millonarias ganancias a partir de la adjudicación indebida de contrataciones públicas”, mediante un esquema de retornos que beneficiaba tanto a integrantes del gobierno nacional como a operadores externos. Ese “sistema de retornos”, según el fallo, “recompensaba” a quienes actuaban de forma mancomunada “en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.
La investigación judicial se inició tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo, en los que el entonces titular de la Andis relataba presuntos pagos de coimas por parte de laboratorios, canalizados a través de droguerías como Suizo Argentina. En esas grabaciones se mencionaba el cobro de un porcentaje de “retornos”, que llegaría al 8%, y se aludía a que parte del dinero “iba más arriba”, en referencia a funcionarios de primera línea del Gobierno.
Los audios no solo detonaron la denuncia penal, sino que desnudaron un nivel de impunidad que terminó por sepultar el discurso moralista con el que La Libertad Avanza llegó al poder. La cercanía personal de Spagnuolo con Milei y su lugar estratégico dentro del Estado convirtieron el caso en un escándalo político de magnitud inédita para la administración libertaria.
Lejos de cerrarse, la causa sigue expandiéndose. Casanello advirtió que el esquema delictivo “no se agota en los hechos aquí probados” y que existen indicios de que la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios podría haberse extendido a otras áreas del organismo.
“La extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades”, afirmó el magistrado, quien reclamó profundizar la investigación. En ese contexto, la Justicia también rechazó el pedido de nulidad presentado por la defensa de Spagnuolo, que había intentado invalidar la causa argumentando que los audios estaban manipulados. Casanello fue categórico al desestimar la maniobra: “La reiteración de una cuestión idéntica, ya decidida y pendiente de análisis ante el Tribunal de alzada, impide su nuevo tratamiento por aplicación de los principios de preclusión y litispendencia”.
El procesamiento del ex titular de la Andis representa un golpe directo al corazón del relato libertario. No se trata solo de corrupción administrativa, sino de un esquema que, según la Justicia, lucró con recursos destinados a personas con discapacidad. En un gobierno atravesado por ajustes, recortes y discursos de “casta”, el caso Spagnuolo expone una de las contradicciones más crudas de la gestión Milei y se perfila como el escándalo que más profundamente sacudió las bases del oficialismo.
