Ajuste social y ahorro empresario: Aspectos impositivos de la reforma laboral
El estudio advierte sobre la posibilidad de un futuro con menos ingresos públicos, más beneficios concentrados y un sistema previsional cada vez más tensionado.
En el marco de los debates por la reforma laboral impulsada desde el Gobierno nacional con el objetivo de aprobarla en las sesiones extraordinarias de este mes, desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) difundieron un nuevo informe sobre los aspectos impositivos de la iniciativa del oficialismo.
En ese sentido, de acuerdo al relevamiento, la reducción de un punto en las contribuciones patronales destinadas a obras sociales sindicales implica un ahorro empresario estimado en 679 millones de dólares anuales, mientras que el costo fiscal total por la baja de contribuciones patronales asciende a 2.070 millones de dólares por año.
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En otro orden, el informe también pone el foco en la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se financiará con el 3 por ciento de la masa salarial bruta. Sin embargo, desde la organización advirtieron que ese porcentaje, compensable con contribuciones patronales, termina recortando recursos que hoy van a jubilaciones, PAMI y Asignaciones Familiares. Como consecuencia, desde el CEPA advirtieron que se trata de un mecanismo que traslada el financiamiento de los despidos al sistema previsional y de protección social.
Además, el estudio alertó que el nuevo Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral profundiza la reducción de aportes. En esa línea, aclara que para nuevas contrataciones, los empleadores pasarán a pagar apenas un 8 por ciento de contribuciones patronales, incluyendo dentro de ese porcentaje el aporte al FAL, consolidando un esquema de alivio fiscal para las empresas sin garantías de generación sostenida de empleo.
Otra de las alertas está puesta en el programa de “Promoción del Empleo Registrado”, que el CEPA define como un nuevo blanqueo laboral. Al respecto, el régimen contempla amnistías fiscales, previsionales y penales, incluyendo la extinción de la acción penal tributaria y la condonación de infracciones, multas y sanciones, un esquema que vuelve a premiar a empleadores incumplidores.
En el plano impositivo, el informe estima que la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para Sociedades tendrá un costo fiscal anual de 2.279 millones de dólares, de los cuales 2.099 millones beneficiarán a 15.474 grandes empresas. Este recorte impacta de lleno en las provincias: la merma promedio por coparticipación se ubica en torno al 2,7 por ciento, afectando los presupuestos locales. Vale recordar que este punto es uno de los problemas que se le presentó al oficialismo, ya que los gobernadores pusieron el grito en el cielo. Como consecuencia, los mandatarios cuyos legisladores votan en sintonía con los deseos de la Casa Rosada advirtieron que podría caerse su apoyo y, en consecuencia, la reforma en su totalidad.
#CódigoBAIRES | Una modificación impositiva -que Caputo no está dispuesto a resignar- generaría un agujero fiscal en las arcas provinciales.https://t.co/Y0iX3s1yuU
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Patricia Bullrich se puso al hombro las negociaciones y también se sumó el ministro del Interior, Diego Santilli, pero el punto de conflicto estaría dentro del oficialismo, ya que Luis Caputo se niega a ceder el capítulo fiscal de la reforma que va en detrimento de las provincias.
Retomando el estudio del CEPA, el informe revela también que también a esa situación se suma la eliminación de impuestos internos sobre bienes asociados a sectores de altos ingresos, como embarcaciones, aeronaves y objetos suntuarios, con un costo fiscal estimado en 330 millones de dólares anuales. También se perderán otros 45 millones de dólares con la eliminación de tributos a servicios de comunicación audiovisual, telefonía y seguros.
Desde el Centro advirtieron que el combo de medidas configura una transferencia de recursos desde el Estado y el sistema de seguridad social hacia los grandes empleadores y sectores de mayores ingresos. En ese marco, el informe alerta que el ajuste no sólo golpea a trabajadores y jubilados, sino que también debilita las finanzas provinciales y municipales, profundizando las asimetrías territoriales.
En conclusión, la iniciativa del Gobierno dejaría una realidad de menos ingresos públicos, más beneficios concentrados y un sistema previsional cada vez más tensionado. Habrá que ver si la gestión libertaria puede avanzar o si el Congreso le pone un freno.
