Ley Penal Juvenil: de qué trata el proyecto para bajar la edad de imputabilidad
Señalado como un proyecto prioritario para el oficialismo, avanzará en febrero la iniciativa que busca bajar la edad de imputabilidad. Conocé los detalles.
El Gobierno nacional dio el paso final para incluir la baja de la edad de imputabilidad dentro del proyecto de Ley Penal Juvenil, que será tratado en la Cámara de Diputados a partir de febrero, aunque todavía sin una fecha definida. En los últimos días, desde el oficialismo habían anticipado el avance de la iniciativa, impulsada por el Ministerio de Justicia.
La Ley Penal Juvenil plantea modificar el esquema actual, que establece la inimputabilidad hasta los 16 años, para fijarla a partir de los 13. Desde el Gobierno argumentan que el sistema vigente genera situaciones de impunidad y que resulta necesario avanzar hacia un nuevo marco normativo que permita una respuesta penal diferenciada.
Según el Ejecutivo, la reforma contribuirá a reducir el delito juvenil y a dar respuesta a una problemática persistente. Como antecedente, se mencionan países como Uruguay, Brasil, Colombia y Chile, que cuentan con edades de imputabilidad más bajas que las actuales en Argentina.
El proyecto contempla la creación de un régimen penal diferenciado, que combine sanciones, planes educativos y control judicial. De acuerdo con la iniciativa, estos elementos permitirían favorecer la reinserción social de los adolescentes alcanzados por el sistema penal.
Si bien se trata de un régimen sancionatorio, la ley también garantiza derechos durante el proceso judicial, como el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. En el caso de menores de edad, se prevé un tratamiento diferenciado y una interpretación judicial adecuada a su desarrollo y edad.
Además, el proyecto prohíbe que los menores sean detenidos en los mismos espacios que personas adultas. En ese sentido, establece que deberán alojarse en instituciones especializadas o, en caso de encontrarse dentro del sistema penitenciario, en espacios separados con un enfoque educativo.
En relación con las penas, se especifica que no podrá aplicarse la prisión perpetua a adolescentes, fijando un máximo de hasta 20 años. Asimismo, se incorporan mecanismos de reducción de condena mediante esquemas de cumplimiento alternativo.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el proyecto podría tratarse entre el 2 y el 27 de febrero en la Cámara de Diputados. Sin embargo, reconoció que los plazos podrían extenderse y que el debate podría pasar a la primera semana de marzo.
