El Gobierno nacional tomó el control del puerto de Ushuaia y la Provincia anunció acciones judiciales
El Ejecutivo dispuso la intervención por 12 meses alegando riesgos operativos. La Provincia rechazó la medida, cuestionó los fundamentos y evalúa ir a la Justicia.
El Gobierno nacional dispuso la intervención del puerto de Ushuaia por el plazo de 12 meses, al argumentar la existencia de riesgos operativos y de seguridad derivados del deterioro de la infraestructura, presuntas irregularidades financieras y desvíos de fondos. La medida generó un fuerte rechazo por parte del Gobierno de Tierra del Fuego y de dirigentes opositores, que denunciaron un avance sobre las autonomías provinciales.
La decisión fue formalizada mediante la resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), publicada en el Boletín Oficial, y establece que la administración del puerto quede bajo control directo del Ejecutivo nacional.
Desde la administración fueguina, el gobernador Gustavo Melella cuestionó con dureza la intervención. “No compartimos ni la medida ni sus fundamentos, y creemos que no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud”, expresó en su cuenta de X. Además, aseguró que el Gobierno provincial está “trabajando en todos los planos necesarios para resolver esta situación, con responsabilidad institucional y en defensa de la autonomía fueguina”.
El Gobierno nacional decidió avanzar sobre la administración del Puerto de Ushuaia.
— Gustavo Melella (@gustavomelella) January 21, 2026
No compartimos ni la medida ni sus fundamentos, y creemos que no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud.
En la misma línea, el presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, advirtió que no permitirá “que se utilicen falsos pretextos técnicos como cobertura para una intervención arbitraria y extorsiva”. Según el funcionario, el Gobierno nacional “no actúa por razones de seguridad o infraestructura, sino que se utiliza la amenaza de inhabilitación como herramienta de presión para justificar una intervención arbitraria”.
Los fundamentos oficiales
En la resolución, la ANPYN detalló múltiples deficiencias en la infraestructura del puerto de Ushuaia, entre ellas el faltante de pilotes en el sitio 3 del muelle, defensas deterioradas, problemas en el tablestacado, deficiencias en la carpeta asfáltica y falencias en las condiciones básicas de seguridad operativa.
El organismo también cuestionó la gestión administrativa y financiera, al señalar la ausencia de registros adecuados de ingresos, egresos y compras. Según el informe, estas tareas habían sido tercerizadas en una empresa cuya actividad habilitada no estaría vinculada a la administración portuaria.
Asimismo, la resolución objetó la ley provincial N° 1596 de “Sostenibilidad y Fortalecimiento de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF)”, que prevé la creación de un fondo para afrontar deudas de esa obra social con parte del superávit portuario. El Gobierno nacional sostuvo que esa norma compromete “la operatividad, autonomía financiera y sustento institucional de la Dirección Provincial de Puertos”.
Desde el Gobierno fueguino respondieron que hasta el momento no se transfirió dinero alguno del puerto a la provincia ni a la OSEF y remarcaron que los plazos administrativos de los reclamos de la ANPYN aún no se encuentran vencidos. En ese marco, no descartaron recurrir a la Justicia para revertir la intervención.
La denuncia por un trasfondo geopolítico
La medida también fue cuestionada por el dirigente Alejandro “Topo” Rodríguez, quien denunció que la intervención del puerto responde a intereses estratégicos internacionales. Según afirmó, antes de su encuentro con Donald Trump en Davos, el presidente Javier Milei “hizo suspender la habilitación del Puerto de Ushuaia y dispuso su intervención administrativa, para que sea manejado directamente por el gobierno nacional”.
Rodríguez sostuvo que el Ejecutivo nacional “se lo quita a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur” y advirtió que Milei “ofrecerá el puerto de Ushuaia al Presidente de Estados Unidos, para uso militar y comercial”.
En ese sentido, citó los propios fundamentos de la resolución oficial, donde se destaca que “su ubicación en el Atlántico Sur, al sur del continente, y su cercanía con la Antártida, convierten al puerto en un punto clave para el abastecimiento antártico y la operación de campañas científicas”. El texto también remarca que el puerto es estratégico “especialmente en la custodia de sus aguas y territorios australes” y que resulta fundamental “por su importancia estratégica y geopolítica, así como por su papel en la logística, el comercio regional y el turismo”.
Para Rodríguez, la decisión del Gobierno nacional “genera un antecedente temerario, contra las provincias y contra el interés nacional”, y llamó a que “todos los gobernadores deberían reaccionar”.
MILEI MANOTEÓ EL PUERTO DE USHUAIA Y HOY LO PONDRÁ AL SERVICIO DE TRUMP
— TOPO Rodríguez (@TOPOarg) January 22, 2026
Antes de encontrarse con Donald Trump en Davos, el Presidente @JMilei hizo suspender la habilitación del Puerto de Ushuaia y dispuso su intervención administrativa, para que sea manejado directamente por el… pic.twitter.com/yJETqVDVWH
Melella, por su parte, aseguró que el puerto de Ushuaia continúa operando con normalidad y atraviesa una temporada récord de buques y cruceros. “La ciudadanía fueguina, los turistas y quienes transitan diariamente por el puerto son testigos de su actividad constante”, sostuvo.
Además, recordó que las principales compañías navieras del mundo eligen Ushuaia porque “el puerto cumple con estándares de excelencia en seguridad, calidad y servicios, algo que se refleja en la cantidad de recaladas y en su rol estratégico para la provincia y el país”.
“Desde la Provincia vamos a seguir trabajando y dialogando, poniendo todas las herramientas necesarias para cuidar el funcionamiento del puerto, el trabajo de nuestra gente y el desarrollo de Tierra del Fuego”, concluyó el gobernador.
